Incentivos al capital y empleo

Los incentivos al capital están en el centro del debate. Muchos claman por su eliminación, entre otras cosas, porque los culpan de abaratar 'artificialmente' el precio del capital con respecto al del trabajo, e inducir una menor generación de empleo. Esta es una acusación grave en un país en donde la tasa de desempleo ronda el 12 por ciento, y donde hace casi 15 años no se ha logrado sostener una tasa de desempleo de un dígito.

No hay duda de que el precio del capital se ha abaratado en relación con el precio del trabajo: en lo corrido de la década, el precio del capital ha disminuido 54 por ciento, mientras que el salario mínimo, incluyendo los costos laborales no salariales aumentó 16 por ciento en términos reales.
¿Cuánto empleo se perdió o se dejó de generar por este abaratamiento relativo del precio del capital frente al trabajo? Las estimaciones muestran que la elasticidad de la demanda de trabajo frente al precio relativo del trabajo es baja (alrededor de -0,2). Un cálculo basado en esta elasticidad indicaría que la demanda de trabajo formal habría caído 12 por ciento entre el 2000 y el 2009 por el efecto precio.

Para las 13 principales áreas urbanas se habrían dejado de generar cerca de 370.000 empleos formales. Pero esta medición no tiene en cuenta que el abaratamiento relativo del capital ha impulsado el incremento en la tasa de inversión, y por lo tanto, ha contribuido a la generación de empleo a través de un mayor crecimiento económico vía una mayor intensidad de capital y una mayor productividad. En otras palabras, un cálculo completo debe tener en cuenta no sólo el efecto precio, sino también el efecto ingreso de un menor valor relativo del capital. Las evidencias muestran que el efecto ingreso predomina sobre el efecto precio.

De otro lado, los incentivos no son el factor que más ha explicado el abaratamiento del capital. Sin los incentivos, el precio relativo del capital, en todo caso, se habría rebajado 50 por ciento. El abaratamiento del capital durante la década se debe, en proporciones similares, a la revaluación real y a la reducción en las tasas de interés reales. Ambos han sido el producto de una mayor confianza en la economía colombiana y en una mejoría de los fundamentales macroeconómicos, que se han reflejado en mayores flujos de capital, en la valoración de los activos domésticos y en la reducción de la inflación a niveles históricos.

El factor tributario encareció el costo de uso del capital desde principios de los 90 hasta el 2002, en la medida en que las sucesivas reformas tributarias aumentaban el gravamen sobre los ingresos de capital, incluyendo el impuesto al patrimonio y la sobretasa del impuesto a la renta. Sin embargo, desde la reforma tributaria del 2006, que eliminó la sobretasa y redujo el impuesto a la renta de las empresas, el factor tributario también ha contribuido al abaratamiento del capital.

A diferencia de las exenciones, que por sus requisitos de inversión y empleo están dirigidas a la mediana y gran empresa, la reducción en estos costos tributarios beneficia a todas las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño. El hecho de que el precio del capital se haya abaratado a lo largo de la década por todos los anteriores factores, no significa que el capital sea excesivamente barato en Colombia, sino que era demasiado costoso, especialmente cuando se comparaba con otros países de la región.

Mientras que en América Latina las tasas máximas de renta a las empresas habían bajado en promedio de 35 por ciento en 1992 a 27 por ciento en 2004, en Colombia habían subido de 30 a 38,5 por ciento en el mismo período, incluyendo la sobretasa a la renta de 10 por ciento.
Incluso hoy, el costo tributario en Colombia (sin incluir exenciones) sigue siendo muy alto cuando se compara con otros países de la región: la tasa de impuestos sobre la renta empresarial (33 por ciento) supera a la de Chile (17 por ciento), Brasil (25 por ciento) y México (29 por ciento), y sólo es inferior a las tasas de tributación en Venezuela y Argentina. En el 2009, en el pago de impuestos como porcentaje de los beneficios Colombia ocupó el puesto 171 entre 183 países, aventajando a Argentina (puesto 178), pero siendo superado ampliamente por Chile (24), Perú (86) y México (138), de acuerdo con el Doing Business del Banco Mundial.

La reducción en los costos del capital, a la cual han contribuido las exenciones tributarias, ayudó a aumentar la tasa de inversión en Colombia de 15,7 por ciento como proporción del PIB en el 2000 a 27 por ciento en el 2008, una de las más altas en América Latina. En el 2009, y a pesar de la de-saceleración económica, la tasa de inversión sólo disminuyó un punto porcentual.
El incremento en la tasa de inversión en Colombia ha contribuido a aumentar el crecimiento potencial de la economía, y por lo tanto, ha fortalecido la capacidad para generar empleo, ya que la capacidad de crecer es, en última instancia, el principal determinante de la generación de empleo.

Varios analistas y candidatos presidenciales han propuesto eliminar las exenciones al capital para aumentar el empleo. Como dice el ex ministro Carrasquilla, la propuesta es encarecer el capital para crear empleo. Es una mala idea. Incluso, la sustitución de exenciones tributarias al capital por exenciones a la creación de empleo a través del pago de parafiscales, como lo proponen los ex ministros Cavallo y Botero, puede dejarnos sin el pan y sin el queso: reduciendo la tasa de inversión y no generando puestos de trabajo.

En efecto, usando un modelo de equilibrio general, en el DNP se simuló qué pasaría si se sustituyeran la totalidad de los parafiscales por mayores impuestos a la renta de las empresas (menores exenciones). Los resultados mostraron que en el corto plazo se crearían 334.000 empleos, de ellos, 248.000 no calificados.

En el largo plazo, sin embargo, los resultados son adversos: el crecimiento del PIB cae alrededor de 0,3 puntos porcentuales frente al escenario base, y con dicha caída desaparecen los empleos que habían sido creados. Este resultado se explica, porque al reemplazar los parafiscales por un aumento en los impuestos directos a las empresas (reducción de las exenciones), la tasa impositiva efectiva se incrementa en promedio cerca de 8 puntos porcentuales -lo que es equivalente a incrementar el recaudo del impuesto a la renta en cerca de 3 puntos del PIB-. El fuerte ajuste impositivo sobre el ingreso directo de las empresas tiene un efecto negativo en la inversión.

La tasa de crecimiento de la inversión se reduce en casi 1,5 puntos porcentuales frente al escenario base. Esta caída en la inversión es la que explica la caída en el crecimiento del PIB. El problema que está en la raíz del desempleo en Colombia no son los costos del capital ni las exenciones tributarias. El principal obstáculo para reducir la tasa de desempleo a niveles de un dígito, de manera sostenida (lo que los economistas llaman la tasa natural de desempleo), está en los costos laborales crecientes.

Por un lado, los costos laborales no salariales se han incrementado sustancialmente, principalmente como consecuencia de las mayores contribuciones para seguridad social: mientras que en 1990 éstos no representaban el 53 por ciento del salario, en el 2009 equivalían al 65 por ciento del salario. Esto nos sitúa como uno de los países de la región con mayores costos laborales no salariales.

En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en el 2008 el salario mínimo representaba el 56 por ciento del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37 por ciento y en México el 11 por ciento.
Tarde o temprano, el país deberá repensar la política de salario mínimo, porque tal como está diseñada actualmente, pone por fuera del mercado laboral formal a amplios segmentos de la población con poco capital humano y baja productividad, especialmente jóvenes no calificados y trabajadores rurales, y en cabeceras municipales pequeñas. En esas condiciones, su única posibilidad es el desempleo o la informalidad. El problema real son los costos laborales, no los incentivos al capital.

Juan Mauricio Ramírez
Subdirector General
Artículo publicado en Portafolio

Colombia tiene el lujo de poder pensar en grande

Patrica Forero, ingeniera y periodista, del equipo de comunicaciones del DNP, tuvo la oportunidad de entrevistar a Moisés Naím, el controversial analista en economía y política internacional, ex ministro en Venezuela y director de la revista Foreign Policy. Naím afirma que Colombia debe salir de su discusión cotidiana, marcada por la violencia, para reconocer las transformaciones alcanzadas y buscar una mayor integración con el mundo.

- ¿Cómo ve el escenario mundial después de la reciente crisis?

Una de las grandes sorpresas es que los mismos expertos que no vieron venir la crisis, tampoco supieron pronosticar su rápida recuperación. Los grandes países del mundo, así como los países emergentes como China, India y Brasil, e incluso Colombia, han sabido ‘capearla’ de una manera mucho más eficaz de lo anticipado. Quedaron secuelas sociales dolorosas, pero no se presentará el cataclismo pronosticado hace apenas unos meses, cuando se hablaba de un colapso del sistema financiero mundial unido a una ola feroz de proteccionismo y una violencia generalizada por el desempleo.

En cuanto al comercio, todo parece indicar que China será una potencia muy importante, con una economía que puede ser más grande que la norteamericana, pero Estados Unidos crecerá igualmente y seguirá existiendo de manera importante. Durante los próximos diez años, producirá una avalancha de innovaciones en el área energética, mientras China, seguramente, una tecnológica. Europa va a crecer menos y en Colombia, parece ser que el 2010 será un año mejor.


- ¿Es sostenible el crecimiento económico de Colombia?

Colombia ha tenido un año difícil, de transición. No sólo le ha tocado la crisis internacional sino también el embargo unilateral que le ha puesto el presidente Chávez al comercio. Aún así, vemos que Colombia ha podido ‘capear’ la crisis mucho mejor que otros países de América Latina y que éste, será un mejor año.

El crecimiento sostenible y la competitividad de un país depende de una larga lista de requisitos. No basta que le vaya bien con su macroeconomía si su educación se cae a pedazos. Que le vaya bien en sus exportaciones, si su infraestructura interna no funciona. Es importante, en lo social, que cada vez más colombianos puedan comer tres veces al día. También, la calidad del sistema de salud, la transparencia administrativa del Estado,… en fin, el desarrollo no es una sola cosa, son muchas, hechas muy bien por mucha gente, durante largo tiempo.


- ¿Qué rol tienen las políticas públicas en el desarrollo competitivo de un país?

Lo que hemos visto es que los Gobiernos son muy malos adivinando cuáles son los sectores que serán competitivos. La historia muestra que hay sectores que aparecen sin ninguna planificación de gobierno y sin que ningún experto, del Banco Mundial o de McKinsey, haya sido, jamás, capaz de anticipar que ese país hubiera tenido la competitividad en ese sector.

Hace 50 años, ¿qué departamento de planificación de gobierno, experto del Banco Mundial o McKinsey hubiera dicho: “se tienen que concentrar en la exportación de novelas rosa al resto del mundo”? En cambio, lo que se generó fueron las condiciones para que aparecieran las novelas. Hemos aprendido que el rol del Gobierno es promover condiciones como facilitar el financiamiento de buenas ideas, la creación de infraestructura para que se puedan hacer negocios y disminuir las trabas a la creación de nuevas empresas, para que la gente que tiene imaginación e información genere oportunidades.


- ¿Qué es más prioritario para Colombia: una integración latinoamericana o una incursión en los mercados asiáticos?

La realidad es que un país menos desarrollado, no puede darse el lujo de escoger. Hay que hacer lo uno y lo otro: la integración latinoamericana y la integración con el mundo. Tiene que hacer lo imposible para generar mayores facilidades de integración con los países vecinos. A Colombia, después del corte con otros países en Suramérica, le queda exportar a los pequeños países de Centroamérica. Tiene que hacerlo; no tiene alternativa. Pero no a expensas de buscar cómo conectarse con China, India, Indonesia, Malasia, Vietnam u otros países. Viajar al continente asiático a ver qué hay es una aventura, difícil y tal vez costosa, pero debe hacerse porque el futuro está allí.

Sobre Latinoamérica, pienso que se deben prohibir los discursos alrededor de la unidad latinoamericana y más bien, construir carreteras que unan los países; permitir comunicaciones más fáciles y más baratas con los otros latinoamericanos; viajar sin dificultades y exportar a los países vecinos a menor costo.


- ¿Qué medidas podrían elevar el nivel de empleo?

Abrir nuevos mercados y crear nuevas oportunidades de exportación se refleja en un incremento en el empleo. También, aumentar la formación técnica. Por otro lado, hay una serie de medidas parafiscales que hacen oneroso para las empresas generar empleo Igualmente aparece la gran pregunta actual: por cuánto tiempo utilizar los estímulos fiscales para contribuir a la recuperación de la crisis y cuándo retirarlos para que no empeore la situación fiscal.

¿Funcionaría un mínimo regional?

El periódico El Colombiano publicó dos perspectivas sobre la posibilidad de crear salarios mínimos diferenciados. La primera, del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez, apoya la propuesta basándose en las diferencias en productividad y la incidencia de la informalidad en ciertas regiones. La segunda, de Hugo López, director del Banco de la República, regional Medellín, no desestima del todo la propuesta, pero afirma que sería imposible de administrar. Puede consultar los artículos aquí.

Empleo formal: clave para superar la pobreza (Juan Mauricio Ramírez)

En la actualidad, el gran obstáculo, el cuello de botella de la economía colombiana, es el problema de la informalidad, porque ésta afecta la calidad del trabajo, la productividad de las empresas, incrementa la pobreza y reduce la contribución a salud y pensiones y, por ende, hace inviable la sostenibilidad de estos dos sistemas de aseguramiento.
La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades del país es hoy del 58 por ciento, pero en las zonas rurales es del 75 por ciento. De esta realidad es que surge la propuesta de un salario diferencial.
El problema es que hay grandes diferencias en la productividad entre las 13 principales ciudades y el resto del país. De hecho, hay dos historias distintas. En las 13 ciudades principales ha ido bajando la pobreza, que actualmente es del 30 por ciento, mientras el resto de las cabeceras tiene una tasa del 52 por ciento y el área rural está por encima del 70 por ciento.
Lo que hemos calculado es que la productividad rural es más o menos el 50 por ciento de la productividad urbana y les doy un dato nuevo, pero que es importante para entender todo. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza, es decir, cuál es el costo de la canasta para que una persona sea considerada no pobre? En las cabeceras municipales ese valor es de 293.00 pesos. Si fuera una familia de tres o cuatro miembros, el valor para no ser pobre es de un millón 160 mil pesos al mes. La familia que está por debajo de este valor es considerada como pobre.
Lo realmente importante es que mientras el valor de la canasta per cápita en las 13 principales ciudades es de 302 mil pesos, el valor de la canasta per cápita en las zonas rurales es de 195 mil pesos.
En otras palabras, el valor de la canasta per cápita para ser considerado no pobre en las zonas rurales es el 44 por ciento del valor de la canasta para ser considerado no pobre en las grandes ciudades.
Dada esa diferencia, la pregunta entonces es ¿cómo vamos a tener un mismo salario para todo el mundo? El problema es que con el salario mínimo que tenemos es virtualmente imposible que se genere un empleo formal en Simití o en Chigorodó o en Pamplona. Primero, porque el salario mínimo como porcentaje del PIB per cápita del país, en el caso colombiano es el 56 por ciento, se le tiene que sumar el 50 por ciento adicional por los costos de los parafiscales.
El empleador que contrate hoy a un trabajador con salario mínimo le termina pagando al final, incluidos los costos laborales, cerca de 900 mil pesos mensuales.
Así las cosas, la diferencia entre el costo de la canasta per cápita en las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales y el salario mínimo debería reflejar esas diferencias, cosa que no pasa porque tenemos un salario mínimo igual en todo el país y eso hay que enfrentarlo con salarios diferenciales. La única posibilidad de que una persona salga de la pobreza o de que una empresa sea más productividad es con empleo formal.

Ese esquema no lo administra nadie (Hugo López)

Existe un salario mínimo nacional, pero en las diferentes ciudades del país también existen tasas de evasión que difieren sustancialmente.
Me refiero a la evasión entre la gente que se debería ganar el mínimo, que son los obreros y empleados asalariados rasos, esto es, los que protege el Código. No hablo de informales.
En las 13 principales ciudades, el dato de evasión, según datos del tercer trimestre de 2009, es decir, lo más reciente, era del 13 por ciento.
Pero lo más dramático es que en ciudades como Pasto era del 48 por ciento. Gente que se ganaba menos de 0,95 salarios mínimos al día, incluyendo el dominical. Esa es la definición. En otras palabras, que no le pagaban lo que realmente debían pagarle por ocho horas por día laborado.
En Montería ese dato es del 30 por ciento, en Ibagué del 25 y en Cúcuta del 25, por citar algunos ejemplos.
Lo más grave es esto: supongamos que quisiéramos que la evasión al jornal diario para los asalariados rasos en todas las ciudades del país fuera la del promedio, es decir, del 13 por ciento.
La pregunta obligada, entonces, sería la de ¿cuánto habría que bajar el salario mínimo en Pasto?
Y la respuesta es igualmente dramática: habría que poner un salario del 47 por ciento del mínimo que actualmente rige, para que la evasión no fuera del 48 por ciento, sino del 13, que es el promedio en las 13 principales ciudades.
Y en Montería, habría que poner un salario del 65 por ciento del actual. En Ibagué, del 60 por ciento.
El asunto, así las cosas, es bien difícil de administrar, porque para rebajarles a menos de la mitad (47 por ciento) el salario mínimo a los asalariados rasos en Pasto, eso políticamente no es manejable y no veo quién se le pueda medir a eso.
En síntesis, mi opinión es que a uno le debería dar ganas de apoyar la propuesta de Planeación Nacional, pero cuando observa lo que se tendría que hacer para administrar el asunto se le quitan las ganas de hacerlo.
En cambio, me atrevería a decir lo siguiente: repensemos el salario mínimo, porque éste no está ayudando ni a los pobres y está siendo objeto de una evasión muy grande en algunas ciudades.

Respuestas del equipo del DNP a los salarios mínimos diferenciados

Con el ánimo de debatir la propuesta de crear salarios mínimos diferenciales, vamos a publicar en este blog todas las reacciones de los funcionarios del DNP al tema.

Las personas que trabajan en los temas de regalías suelen tener una sensibilidad especial frente a la problemática de las regiones. Esta es la respuesta de Alexander Duarte, consultor de la Dirección de Regalías en la evaluación de impacto de la inversión de las regalías petroleras en El Yopal, Casanare, a la propuesta de crear salarios mínimos diferenciados por regiones:

Respetado Subdirector General,
Es loable su labor de presentar soluciones frente al empleo, sin embargo resalto que más que la hipótesis aumento de eficiencia diferenciando salarios, no debe ser la prioritaria, puesto que el problema radica en la falta de condiciones del estado en proveer facilidades para el logro de aumentos en la demanda agregada y ello solo se puede alcanzar con la modificación entre consumo, ahorro e inversión y el manejo articulado a los cambios de la modernidad en la balanza comercial. En este orden de ideas, asegurar que al disminuir aún más ingresos en el campo cierta medida, es descabellado, teniendo en cuenta que el campo no lo componen empleadores sino pequeñas unidades productivas que producen a pesar de la exigua inversión en infraestructura básica y la baja capacidad de los productores del campo para asegurar el intercambio justo de sus productos sin intermediarios. Son las condiciones en la inversión las que se deben modificar, además se debe tener presente que la suma de diversas fuerzas laborales son las que componen el diferenciador productivo como el conocimiento, por citar algún autor Robert Solow o Vinner, dichos autores confirman que la productividad es prioritariamente la resultante de la integración entre la inversión en el talento humano y el bienestar social, componentes resultantes en demanda agregada. Agradezco del espacio creado para crear un consenso en nuestros puntos de vista.

Por qué hay que pensar en políticas diferenciadas regionalmente

La diferencia entre las ciudades es grande......pero entre los departamentos es peor.

Y si comparamos el nivel de ingresos de las áreas rurales, con las cabeceras urbanas y las principales ciudades...

...teniendo en cuenta el número de personas con ingresos menores a un salario mínimo...

...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente.

Se oyen propuestas.

A problemas no convencionales, respuestas no convencionales

Nadie pondría en duda que las barreras para la generación de empleo formal son el gran cuello de botella de la economía colombiana. En este momento, la tasa de informalidad del país es del 64%. De las trece principales ciudades, Bogotá tiene la tasa más baja con el 52%, pero en Villavicencio, Cúcuta y Montería, es superior al 70%. Si miramos la informalidad por departamentos, la situación es más preocupante: Nariño, Sucre, Caquetá y Chocó tienen tasas superiores al 80% y sólo Bogotá, Caldas, Antioquia y Risaralda están por debajo del 60%.


Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.

Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.

Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.

Una gráfica para pensar

A pesar de las distorsiones que pueden generar las regalías en los departamentos mineros y petroleros y los recursos de SGP en los departamentos pequeños, los resultados de esta comparación suscitan muchas preguntas. Dejamos el gráfico para que piensen sobre el tema. ¿Se necesita un salario mínimo diferenciado regionalmente?

Fuente: DANE y Ministerio de Protección Social

*Datos prelimianres para el 2005 del PIB percápita departamentalCálculos DNP-DEE