Los incentivos al capital están en el centro del debate. Muchos claman por su eliminación, entre otras cosas, porque los culpan de abaratar 'artificialmente' el precio del capital con respecto al del trabajo, e inducir una menor generación de empleo. Esta es una acusación grave en un país en donde la tasa de desempleo ronda el 12 por ciento, y donde hace casi 15 años no se ha logrado sostener una tasa de desempleo de un dígito.
No hay duda de que el precio del capital se ha abaratado en relación con el precio del trabajo: en lo corrido de la década, el precio del capital ha disminuido 54 por ciento, mientras que el salario mínimo, incluyendo los costos laborales no salariales aumentó 16 por ciento en términos reales.
¿Cuánto empleo se perdió o se dejó de generar por este abaratamiento relativo del precio del capital frente al trabajo? Las estimaciones muestran que la elasticidad de la demanda de trabajo frente al precio relativo del trabajo es baja (alrededor de -0,2). Un cálculo basado en esta elasticidad indicaría que la demanda de trabajo formal habría caído 12 por ciento entre el 2000 y el 2009 por el efecto precio.
Para las 13 principales áreas urbanas se habrían dejado de generar cerca de 370.000 empleos formales. Pero esta medición no tiene en cuenta que el abaratamiento relativo del capital ha impulsado el incremento en la tasa de inversión, y por lo tanto, ha contribuido a la generación de empleo a través de un mayor crecimiento económico vía una mayor intensidad de capital y una mayor productividad. En otras palabras, un cálculo completo debe tener en cuenta no sólo el efecto precio, sino también el efecto ingreso de un menor valor relativo del capital. Las evidencias muestran que el efecto ingreso predomina sobre el efecto precio.
De otro lado, los incentivos no son el factor que más ha explicado el abaratamiento del capital. Sin los incentivos, el precio relativo del capital, en todo caso, se habría rebajado 50 por ciento. El abaratamiento del capital durante la década se debe, en proporciones similares, a la revaluación real y a la reducción en las tasas de interés reales. Ambos han sido el producto de una mayor confianza en la economía colombiana y en una mejoría de los fundamentales macroeconómicos, que se han reflejado en mayores flujos de capital, en la valoración de los activos domésticos y en la reducción de la inflación a niveles históricos.
El factor tributario encareció el costo de uso del capital desde principios de los 90 hasta el 2002, en la medida en que las sucesivas reformas tributarias aumentaban el gravamen sobre los ingresos de capital, incluyendo el impuesto al patrimonio y la sobretasa del impuesto a la renta. Sin embargo, desde la reforma tributaria del 2006, que eliminó la sobretasa y redujo el impuesto a la renta de las empresas, el factor tributario también ha contribuido al abaratamiento del capital.
A diferencia de las exenciones, que por sus requisitos de inversión y empleo están dirigidas a la mediana y gran empresa, la reducción en estos costos tributarios beneficia a todas las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño. El hecho de que el precio del capital se haya abaratado a lo largo de la década por todos los anteriores factores, no significa que el capital sea excesivamente barato en Colombia, sino que era demasiado costoso, especialmente cuando se comparaba con otros países de la región.
Mientras que en América Latina las tasas máximas de renta a las empresas habían bajado en promedio de 35 por ciento en 1992 a 27 por ciento en 2004, en Colombia habían subido de 30 a 38,5 por ciento en el mismo período, incluyendo la sobretasa a la renta de 10 por ciento.
Incluso hoy, el costo tributario en Colombia (sin incluir exenciones) sigue siendo muy alto cuando se compara con otros países de la región: la tasa de impuestos sobre la renta empresarial (33 por ciento) supera a la de Chile (17 por ciento), Brasil (25 por ciento) y México (29 por ciento), y sólo es inferior a las tasas de tributación en Venezuela y Argentina. En el 2009, en el pago de impuestos como porcentaje de los beneficios Colombia ocupó el puesto 171 entre 183 países, aventajando a Argentina (puesto 178), pero siendo superado ampliamente por Chile (24), Perú (86) y México (138), de acuerdo con el Doing Business del Banco Mundial.
La reducción en los costos del capital, a la cual han contribuido las exenciones tributarias, ayudó a aumentar la tasa de inversión en Colombia de 15,7 por ciento como proporción del PIB en el 2000 a 27 por ciento en el 2008, una de las más altas en América Latina. En el 2009, y a pesar de la de-saceleración económica, la tasa de inversión sólo disminuyó un punto porcentual.
El incremento en la tasa de inversión en Colombia ha contribuido a aumentar el crecimiento potencial de la economía, y por lo tanto, ha fortalecido la capacidad para generar empleo, ya que la capacidad de crecer es, en última instancia, el principal determinante de la generación de empleo.
Varios analistas y candidatos presidenciales han propuesto eliminar las exenciones al capital para aumentar el empleo. Como dice el ex ministro Carrasquilla, la propuesta es encarecer el capital para crear empleo. Es una mala idea. Incluso, la sustitución de exenciones tributarias al capital por exenciones a la creación de empleo a través del pago de parafiscales, como lo proponen los ex ministros Cavallo y Botero, puede dejarnos sin el pan y sin el queso: reduciendo la tasa de inversión y no generando puestos de trabajo.
En efecto, usando un modelo de equilibrio general, en el DNP se simuló qué pasaría si se sustituyeran la totalidad de los parafiscales por mayores impuestos a la renta de las empresas (menores exenciones). Los resultados mostraron que en el corto plazo se crearían 334.000 empleos, de ellos, 248.000 no calificados.
En el largo plazo, sin embargo, los resultados son adversos: el crecimiento del PIB cae alrededor de 0,3 puntos porcentuales frente al escenario base, y con dicha caída desaparecen los empleos que habían sido creados. Este resultado se explica, porque al reemplazar los parafiscales por un aumento en los impuestos directos a las empresas (reducción de las exenciones), la tasa impositiva efectiva se incrementa en promedio cerca de 8 puntos porcentuales -lo que es equivalente a incrementar el recaudo del impuesto a la renta en cerca de 3 puntos del PIB-. El fuerte ajuste impositivo sobre el ingreso directo de las empresas tiene un efecto negativo en la inversión.
La tasa de crecimiento de la inversión se reduce en casi 1,5 puntos porcentuales frente al escenario base. Esta caída en la inversión es la que explica la caída en el crecimiento del PIB. El problema que está en la raíz del desempleo en Colombia no son los costos del capital ni las exenciones tributarias. El principal obstáculo para reducir la tasa de desempleo a niveles de un dígito, de manera sostenida (lo que los economistas llaman la tasa natural de desempleo), está en los costos laborales crecientes.
Por un lado, los costos laborales no salariales se han incrementado sustancialmente, principalmente como consecuencia de las mayores contribuciones para seguridad social: mientras que en 1990 éstos no representaban el 53 por ciento del salario, en el 2009 equivalían al 65 por ciento del salario. Esto nos sitúa como uno de los países de la región con mayores costos laborales no salariales.
En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en el 2008 el salario mínimo representaba el 56 por ciento del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37 por ciento y en México el 11 por ciento.
Tarde o temprano, el país deberá repensar la política de salario mínimo, porque tal como está diseñada actualmente, pone por fuera del mercado laboral formal a amplios segmentos de la población con poco capital humano y baja productividad, especialmente jóvenes no calificados y trabajadores rurales, y en cabeceras municipales pequeñas. En esas condiciones, su única posibilidad es el desempleo o la informalidad. El problema real son los costos laborales, no los incentivos al capital.
Juan Mauricio Ramírez
Subdirector General
Artículo publicado en Portafolio
miércoles, 16 de junio de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
Colombia tiene el lujo de poder pensar en grande
Patrica Forero, ingeniera y periodista, del equipo de comunicaciones del DNP, tuvo la oportunidad de entrevistar a Moisés Naím, el controversial analista en economía y política internacional, ex ministro en Venezuela y director de la revista Foreign Policy. Naím afirma que Colombia debe salir de su discusión cotidiana, marcada por la violencia, para reconocer las transformaciones alcanzadas y buscar una mayor integración con el mundo.
- ¿Cómo ve el escenario mundial después de la reciente crisis?
Una de las grandes sorpresas es que los mismos expertos que no vieron venir la crisis, tampoco supieron pronosticar su rápida recuperación. Los grandes países del mundo, así como los países emergentes como China, India y Brasil, e incluso Colombia, han sabido ‘capearla’ de una manera mucho más eficaz de lo anticipado. Quedaron secuelas sociales dolorosas, pero no se presentará el cataclismo pronosticado hace apenas unos meses, cuando se hablaba de un colapso del sistema financiero mundial unido a una ola feroz de proteccionismo y una violencia generalizada por el desempleo.
En cuanto al comercio, todo parece indicar que China será una potencia muy importante, con una economía que puede ser más grande que la norteamericana, pero Estados Unidos crecerá igualmente y seguirá existiendo de manera importante. Durante los próximos diez años, producirá una avalancha de innovaciones en el área energética, mientras China, seguramente, una tecnológica. Europa va a crecer menos y en Colombia, parece ser que el 2010 será un año mejor.
- ¿Es sostenible el crecimiento económico de Colombia?
Colombia ha tenido un año difícil, de transición. No sólo le ha tocado la crisis internacional sino también el embargo unilateral que le ha puesto el presidente Chávez al comercio. Aún así, vemos que Colombia ha podido ‘capear’ la crisis mucho mejor que otros países de América Latina y que éste, será un mejor año.
El crecimiento sostenible y la competitividad de un país depende de una larga lista de requisitos. No basta que le vaya bien con su macroeconomía si su educación se cae a pedazos. Que le vaya bien en sus exportaciones, si su infraestructura interna no funciona. Es importante, en lo social, que cada vez más colombianos puedan comer tres veces al día. También, la calidad del sistema de salud, la transparencia administrativa del Estado,… en fin, el desarrollo no es una sola cosa, son muchas, hechas muy bien por mucha gente, durante largo tiempo.
- ¿Qué rol tienen las políticas públicas en el desarrollo competitivo de un país?
Lo que hemos visto es que los Gobiernos son muy malos adivinando cuáles son los sectores que serán competitivos. La historia muestra que hay sectores que aparecen sin ninguna planificación de gobierno y sin que ningún experto, del Banco Mundial o de McKinsey, haya sido, jamás, capaz de anticipar que ese país hubiera tenido la competitividad en ese sector.
Hace 50 años, ¿qué departamento de planificación de gobierno, experto del Banco Mundial o McKinsey hubiera dicho: “se tienen que concentrar en la exportación de novelas rosa al resto del mundo”? En cambio, lo que se generó fueron las condiciones para que aparecieran las novelas. Hemos aprendido que el rol del Gobierno es promover condiciones como facilitar el financiamiento de buenas ideas, la creación de infraestructura para que se puedan hacer negocios y disminuir las trabas a la creación de nuevas empresas, para que la gente que tiene imaginación e información genere oportunidades.
- ¿Qué es más prioritario para Colombia: una integración latinoamericana o una incursión en los mercados asiáticos?
La realidad es que un país menos desarrollado, no puede darse el lujo de escoger. Hay que hacer lo uno y lo otro: la integración latinoamericana y la integración con el mundo. Tiene que hacer lo imposible para generar mayores facilidades de integración con los países vecinos. A Colombia, después del corte con otros países en Suramérica, le queda exportar a los pequeños países de Centroamérica. Tiene que hacerlo; no tiene alternativa. Pero no a expensas de buscar cómo conectarse con China, India, Indonesia, Malasia, Vietnam u otros países. Viajar al continente asiático a ver qué hay es una aventura, difícil y tal vez costosa, pero debe hacerse porque el futuro está allí.
Sobre Latinoamérica, pienso que se deben prohibir los discursos alrededor de la unidad latinoamericana y más bien, construir carreteras que unan los países; permitir comunicaciones más fáciles y más baratas con los otros latinoamericanos; viajar sin dificultades y exportar a los países vecinos a menor costo.
- ¿Qué medidas podrían elevar el nivel de empleo?
Abrir nuevos mercados y crear nuevas oportunidades de exportación se refleja en un incremento en el empleo. También, aumentar la formación técnica. Por otro lado, hay una serie de medidas parafiscales que hacen oneroso para las empresas generar empleo Igualmente aparece la gran pregunta actual: por cuánto tiempo utilizar los estímulos fiscales para contribuir a la recuperación de la crisis y cuándo retirarlos para que no empeore la situación fiscal.
- ¿Cómo ve el escenario mundial después de la reciente crisis?
Una de las grandes sorpresas es que los mismos expertos que no vieron venir la crisis, tampoco supieron pronosticar su rápida recuperación. Los grandes países del mundo, así como los países emergentes como China, India y Brasil, e incluso Colombia, han sabido ‘capearla’ de una manera mucho más eficaz de lo anticipado. Quedaron secuelas sociales dolorosas, pero no se presentará el cataclismo pronosticado hace apenas unos meses, cuando se hablaba de un colapso del sistema financiero mundial unido a una ola feroz de proteccionismo y una violencia generalizada por el desempleo.
En cuanto al comercio, todo parece indicar que China será una potencia muy importante, con una economía que puede ser más grande que la norteamericana, pero Estados Unidos crecerá igualmente y seguirá existiendo de manera importante. Durante los próximos diez años, producirá una avalancha de innovaciones en el área energética, mientras China, seguramente, una tecnológica. Europa va a crecer menos y en Colombia, parece ser que el 2010 será un año mejor.
- ¿Es sostenible el crecimiento económico de Colombia?
Colombia ha tenido un año difícil, de transición. No sólo le ha tocado la crisis internacional sino también el embargo unilateral que le ha puesto el presidente Chávez al comercio. Aún así, vemos que Colombia ha podido ‘capear’ la crisis mucho mejor que otros países de América Latina y que éste, será un mejor año.
El crecimiento sostenible y la competitividad de un país depende de una larga lista de requisitos. No basta que le vaya bien con su macroeconomía si su educación se cae a pedazos. Que le vaya bien en sus exportaciones, si su infraestructura interna no funciona. Es importante, en lo social, que cada vez más colombianos puedan comer tres veces al día. También, la calidad del sistema de salud, la transparencia administrativa del Estado,… en fin, el desarrollo no es una sola cosa, son muchas, hechas muy bien por mucha gente, durante largo tiempo.
- ¿Qué rol tienen las políticas públicas en el desarrollo competitivo de un país?
Lo que hemos visto es que los Gobiernos son muy malos adivinando cuáles son los sectores que serán competitivos. La historia muestra que hay sectores que aparecen sin ninguna planificación de gobierno y sin que ningún experto, del Banco Mundial o de McKinsey, haya sido, jamás, capaz de anticipar que ese país hubiera tenido la competitividad en ese sector.
Hace 50 años, ¿qué departamento de planificación de gobierno, experto del Banco Mundial o McKinsey hubiera dicho: “se tienen que concentrar en la exportación de novelas rosa al resto del mundo”? En cambio, lo que se generó fueron las condiciones para que aparecieran las novelas. Hemos aprendido que el rol del Gobierno es promover condiciones como facilitar el financiamiento de buenas ideas, la creación de infraestructura para que se puedan hacer negocios y disminuir las trabas a la creación de nuevas empresas, para que la gente que tiene imaginación e información genere oportunidades.
- ¿Qué es más prioritario para Colombia: una integración latinoamericana o una incursión en los mercados asiáticos?
La realidad es que un país menos desarrollado, no puede darse el lujo de escoger. Hay que hacer lo uno y lo otro: la integración latinoamericana y la integración con el mundo. Tiene que hacer lo imposible para generar mayores facilidades de integración con los países vecinos. A Colombia, después del corte con otros países en Suramérica, le queda exportar a los pequeños países de Centroamérica. Tiene que hacerlo; no tiene alternativa. Pero no a expensas de buscar cómo conectarse con China, India, Indonesia, Malasia, Vietnam u otros países. Viajar al continente asiático a ver qué hay es una aventura, difícil y tal vez costosa, pero debe hacerse porque el futuro está allí.
Sobre Latinoamérica, pienso que se deben prohibir los discursos alrededor de la unidad latinoamericana y más bien, construir carreteras que unan los países; permitir comunicaciones más fáciles y más baratas con los otros latinoamericanos; viajar sin dificultades y exportar a los países vecinos a menor costo.
- ¿Qué medidas podrían elevar el nivel de empleo?
Abrir nuevos mercados y crear nuevas oportunidades de exportación se refleja en un incremento en el empleo. También, aumentar la formación técnica. Por otro lado, hay una serie de medidas parafiscales que hacen oneroso para las empresas generar empleo Igualmente aparece la gran pregunta actual: por cuánto tiempo utilizar los estímulos fiscales para contribuir a la recuperación de la crisis y cuándo retirarlos para que no empeore la situación fiscal.
miércoles, 17 de marzo de 2010
¿Funcionaría un mínimo regional?
El periódico El Colombiano publicó dos perspectivas sobre la posibilidad de crear salarios mínimos diferenciados. La primera, del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez, apoya la propuesta basándose en las diferencias en productividad y la incidencia de la informalidad en ciertas regiones. La segunda, de Hugo López, director del Banco de la República, regional Medellín, no desestima del todo la propuesta, pero afirma que sería imposible de administrar. Puede consultar los artículos aquí.
En la actualidad, el gran obstáculo, el cuello de botella de la economía colombiana, es el problema de la informalidad, porque ésta afecta la calidad del trabajo, la productividad de las empresas, incrementa la pobreza y reduce la contribución a salud y pensiones y, por ende, hace inviable la sostenibilidad de estos dos sistemas de aseguramiento.
La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades del país es hoy del 58 por ciento, pero en las zonas rurales es del 75 por ciento. De esta realidad es que surge la propuesta de un salario diferencial.
El problema es que hay grandes diferencias en la productividad entre las 13 principales ciudades y el resto del país. De hecho, hay dos historias distintas. En las 13 ciudades principales ha ido bajando la pobreza, que actualmente es del 30 por ciento, mientras el resto de las cabeceras tiene una tasa del 52 por ciento y el área rural está por encima del 70 por ciento.
Lo que hemos calculado es que la productividad rural es más o menos el 50 por ciento de la productividad urbana y les doy un dato nuevo, pero que es importante para entender todo. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza, es decir, cuál es el costo de la canasta para que una persona sea considerada no pobre? En las cabeceras municipales ese valor es de 293.00 pesos. Si fuera una familia de tres o cuatro miembros, el valor para no ser pobre es de un millón 160 mil pesos al mes. La familia que está por debajo de este valor es considerada como pobre.
Lo realmente importante es que mientras el valor de la canasta per cápita en las 13 principales ciudades es de 302 mil pesos, el valor de la canasta per cápita en las zonas rurales es de 195 mil pesos.
En otras palabras, el valor de la canasta per cápita para ser considerado no pobre en las zonas rurales es el 44 por ciento del valor de la canasta para ser considerado no pobre en las grandes ciudades.
Dada esa diferencia, la pregunta entonces es ¿cómo vamos a tener un mismo salario para todo el mundo? El problema es que con el salario mínimo que tenemos es virtualmente imposible que se genere un empleo formal en Simití o en Chigorodó o en Pamplona. Primero, porque el salario mínimo como porcentaje del PIB per cápita del país, en el caso colombiano es el 56 por ciento, se le tiene que sumar el 50 por ciento adicional por los costos de los parafiscales.
El empleador que contrate hoy a un trabajador con salario mínimo le termina pagando al final, incluidos los costos laborales, cerca de 900 mil pesos mensuales.
Así las cosas, la diferencia entre el costo de la canasta per cápita en las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales y el salario mínimo debería reflejar esas diferencias, cosa que no pasa porque tenemos un salario mínimo igual en todo el país y eso hay que enfrentarlo con salarios diferenciales. La única posibilidad de que una persona salga de la pobreza o de que una empresa sea más productividad es con empleo formal.
Existe un salario mínimo nacional, pero en las diferentes ciudades del país también existen tasas de evasión que difieren sustancialmente.
Me refiero a la evasión entre la gente que se debería ganar el mínimo, que son los obreros y empleados asalariados rasos, esto es, los que protege el Código. No hablo de informales.
En las 13 principales ciudades, el dato de evasión, según datos del tercer trimestre de 2009, es decir, lo más reciente, era del 13 por ciento.
Pero lo más dramático es que en ciudades como Pasto era del 48 por ciento. Gente que se ganaba menos de 0,95 salarios mínimos al día, incluyendo el dominical. Esa es la definición. En otras palabras, que no le pagaban lo que realmente debían pagarle por ocho horas por día laborado.
En Montería ese dato es del 30 por ciento, en Ibagué del 25 y en Cúcuta del 25, por citar algunos ejemplos.
Lo más grave es esto: supongamos que quisiéramos que la evasión al jornal diario para los asalariados rasos en todas las ciudades del país fuera la del promedio, es decir, del 13 por ciento.
La pregunta obligada, entonces, sería la de ¿cuánto habría que bajar el salario mínimo en Pasto?
Y la respuesta es igualmente dramática: habría que poner un salario del 47 por ciento del mínimo que actualmente rige, para que la evasión no fuera del 48 por ciento, sino del 13, que es el promedio en las 13 principales ciudades.
Y en Montería, habría que poner un salario del 65 por ciento del actual. En Ibagué, del 60 por ciento.
El asunto, así las cosas, es bien difícil de administrar, porque para rebajarles a menos de la mitad (47 por ciento) el salario mínimo a los asalariados rasos en Pasto, eso políticamente no es manejable y no veo quién se le pueda medir a eso.
En síntesis, mi opinión es que a uno le debería dar ganas de apoyar la propuesta de Planeación Nacional, pero cuando observa lo que se tendría que hacer para administrar el asunto se le quitan las ganas de hacerlo.
En cambio, me atrevería a decir lo siguiente: repensemos el salario mínimo, porque éste no está ayudando ni a los pobres y está siendo objeto de una evasión muy grande en algunas ciudades.
Empleo formal: clave para superar la pobreza (Juan Mauricio Ramírez)
En la actualidad, el gran obstáculo, el cuello de botella de la economía colombiana, es el problema de la informalidad, porque ésta afecta la calidad del trabajo, la productividad de las empresas, incrementa la pobreza y reduce la contribución a salud y pensiones y, por ende, hace inviable la sostenibilidad de estos dos sistemas de aseguramiento.
La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades del país es hoy del 58 por ciento, pero en las zonas rurales es del 75 por ciento. De esta realidad es que surge la propuesta de un salario diferencial.
El problema es que hay grandes diferencias en la productividad entre las 13 principales ciudades y el resto del país. De hecho, hay dos historias distintas. En las 13 ciudades principales ha ido bajando la pobreza, que actualmente es del 30 por ciento, mientras el resto de las cabeceras tiene una tasa del 52 por ciento y el área rural está por encima del 70 por ciento.
Lo que hemos calculado es que la productividad rural es más o menos el 50 por ciento de la productividad urbana y les doy un dato nuevo, pero que es importante para entender todo. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza, es decir, cuál es el costo de la canasta para que una persona sea considerada no pobre? En las cabeceras municipales ese valor es de 293.00 pesos. Si fuera una familia de tres o cuatro miembros, el valor para no ser pobre es de un millón 160 mil pesos al mes. La familia que está por debajo de este valor es considerada como pobre.
Lo realmente importante es que mientras el valor de la canasta per cápita en las 13 principales ciudades es de 302 mil pesos, el valor de la canasta per cápita en las zonas rurales es de 195 mil pesos.
En otras palabras, el valor de la canasta per cápita para ser considerado no pobre en las zonas rurales es el 44 por ciento del valor de la canasta para ser considerado no pobre en las grandes ciudades.
Dada esa diferencia, la pregunta entonces es ¿cómo vamos a tener un mismo salario para todo el mundo? El problema es que con el salario mínimo que tenemos es virtualmente imposible que se genere un empleo formal en Simití o en Chigorodó o en Pamplona. Primero, porque el salario mínimo como porcentaje del PIB per cápita del país, en el caso colombiano es el 56 por ciento, se le tiene que sumar el 50 por ciento adicional por los costos de los parafiscales.
El empleador que contrate hoy a un trabajador con salario mínimo le termina pagando al final, incluidos los costos laborales, cerca de 900 mil pesos mensuales.
Así las cosas, la diferencia entre el costo de la canasta per cápita en las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales y el salario mínimo debería reflejar esas diferencias, cosa que no pasa porque tenemos un salario mínimo igual en todo el país y eso hay que enfrentarlo con salarios diferenciales. La única posibilidad de que una persona salga de la pobreza o de que una empresa sea más productividad es con empleo formal.
Ese esquema no lo administra nadie (Hugo López)
Me refiero a la evasión entre la gente que se debería ganar el mínimo, que son los obreros y empleados asalariados rasos, esto es, los que protege el Código. No hablo de informales.
En las 13 principales ciudades, el dato de evasión, según datos del tercer trimestre de 2009, es decir, lo más reciente, era del 13 por ciento.
Pero lo más dramático es que en ciudades como Pasto era del 48 por ciento. Gente que se ganaba menos de 0,95 salarios mínimos al día, incluyendo el dominical. Esa es la definición. En otras palabras, que no le pagaban lo que realmente debían pagarle por ocho horas por día laborado.
En Montería ese dato es del 30 por ciento, en Ibagué del 25 y en Cúcuta del 25, por citar algunos ejemplos.
Lo más grave es esto: supongamos que quisiéramos que la evasión al jornal diario para los asalariados rasos en todas las ciudades del país fuera la del promedio, es decir, del 13 por ciento.
La pregunta obligada, entonces, sería la de ¿cuánto habría que bajar el salario mínimo en Pasto?
Y la respuesta es igualmente dramática: habría que poner un salario del 47 por ciento del mínimo que actualmente rige, para que la evasión no fuera del 48 por ciento, sino del 13, que es el promedio en las 13 principales ciudades.
Y en Montería, habría que poner un salario del 65 por ciento del actual. En Ibagué, del 60 por ciento.
El asunto, así las cosas, es bien difícil de administrar, porque para rebajarles a menos de la mitad (47 por ciento) el salario mínimo a los asalariados rasos en Pasto, eso políticamente no es manejable y no veo quién se le pueda medir a eso.
En síntesis, mi opinión es que a uno le debería dar ganas de apoyar la propuesta de Planeación Nacional, pero cuando observa lo que se tendría que hacer para administrar el asunto se le quitan las ganas de hacerlo.
En cambio, me atrevería a decir lo siguiente: repensemos el salario mínimo, porque éste no está ayudando ni a los pobres y está siendo objeto de una evasión muy grande en algunas ciudades.
viernes, 19 de febrero de 2010
Respuestas del equipo del DNP a los salarios mínimos diferenciados
Con el ánimo de debatir la propuesta de crear salarios mínimos diferenciales, vamos a publicar en este blog todas las reacciones de los funcionarios del DNP al tema.
Las personas que trabajan en los temas de regalías suelen tener una sensibilidad especial frente a la problemática de las regiones. Esta es la respuesta de Alexander Duarte, consultor de la Dirección de Regalías en la evaluación de impacto de la inversión de las regalías petroleras en El Yopal, Casanare, a la propuesta de crear salarios mínimos diferenciados por regiones:
Respetado Subdirector General,
Es loable su labor de presentar soluciones frente al empleo, sin embargo resalto que más que la hipótesis aumento de eficiencia diferenciando salarios, no debe ser la prioritaria, puesto que el problema radica en la falta de condiciones del estado en proveer facilidades para el logro de aumentos en la demanda agregada y ello solo se puede alcanzar con la modificación entre consumo, ahorro e inversión y el manejo articulado a los cambios de la modernidad en la balanza comercial. En este orden de ideas, asegurar que al disminuir aún más ingresos en el campo cierta medida, es descabellado, teniendo en cuenta que el campo no lo componen empleadores sino pequeñas unidades productivas que producen a pesar de la exigua inversión en infraestructura básica y la baja capacidad de los productores del campo para asegurar el intercambio justo de sus productos sin intermediarios. Son las condiciones en la inversión las que se deben modificar, además se debe tener presente que la suma de diversas fuerzas laborales son las que componen el diferenciador productivo como el conocimiento, por citar algún autor Robert Solow o Vinner, dichos autores confirman que la productividad es prioritariamente la resultante de la integración entre la inversión en el talento humano y el bienestar social, componentes resultantes en demanda agregada. Agradezco del espacio creado para crear un consenso en nuestros puntos de vista.
Las personas que trabajan en los temas de regalías suelen tener una sensibilidad especial frente a la problemática de las regiones. Esta es la respuesta de Alexander Duarte, consultor de la Dirección de Regalías en la evaluación de impacto de la inversión de las regalías petroleras en El Yopal, Casanare, a la propuesta de crear salarios mínimos diferenciados por regiones:
Respetado Subdirector General,
Es loable su labor de presentar soluciones frente al empleo, sin embargo resalto que más que la hipótesis aumento de eficiencia diferenciando salarios, no debe ser la prioritaria, puesto que el problema radica en la falta de condiciones del estado en proveer facilidades para el logro de aumentos en la demanda agregada y ello solo se puede alcanzar con la modificación entre consumo, ahorro e inversión y el manejo articulado a los cambios de la modernidad en la balanza comercial. En este orden de ideas, asegurar que al disminuir aún más ingresos en el campo cierta medida, es descabellado, teniendo en cuenta que el campo no lo componen empleadores sino pequeñas unidades productivas que producen a pesar de la exigua inversión en infraestructura básica y la baja capacidad de los productores del campo para asegurar el intercambio justo de sus productos sin intermediarios. Son las condiciones en la inversión las que se deben modificar, además se debe tener presente que la suma de diversas fuerzas laborales son las que componen el diferenciador productivo como el conocimiento, por citar algún autor Robert Solow o Vinner, dichos autores confirman que la productividad es prioritariamente la resultante de la integración entre la inversión en el talento humano y el bienestar social, componentes resultantes en demanda agregada. Agradezco del espacio creado para crear un consenso en nuestros puntos de vista.
miércoles, 17 de febrero de 2010
Por qué hay que pensar en políticas diferenciadas regionalmente
La diferencia entre las ciudades es grande...
...pero entre los departamentos es peor.
...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente.
...pero entre los departamentos es peor.Y si comparamos el nivel de ingresos de las áreas rurales, con las cabeceras urbanas y las principales ciudades...
...teniendo en cuenta el número de personas con ingresos menores a un salario mínimo...
...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente. Se oyen propuestas.
A problemas no convencionales, respuestas no convencionales
Nadie pondría en duda que las barreras para la generación de empleo formal son el gran cuello de botella de la economía colombiana. En este momento, la tasa de informalidad del país es del 64%. De las trece principales ciudades, Bogotá tiene la tasa más baja con el 52%, pero en Villavicencio, Cúcuta y Montería, es superior al 70%. Si miramos la informalidad por departamentos, la situación es más preocupante: Nariño, Sucre, Caquetá y Chocó tienen tasas superiores al 80% y sólo Bogotá, Caldas, Antioquia y Risaralda están por debajo del 60%.
Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.
Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.
Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.
Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.
Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.
Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Una gráfica para pensar
A pesar de las distorsiones que pueden generar las regalías en los departamentos mineros y petroleros y los recursos de SGP en los departamentos pequeños, los resultados de esta comparación suscitan muchas preguntas. Dejamos el gráfico para que piensen sobre el tema. ¿Se necesita un salario mínimo diferenciado regionalmente?
Fuente: DANE y Ministerio de Protección Social
*Datos prelimianres para el 2005 del PIB percápita departamentalCálculos DNP-DEE
lunes, 8 de febrero de 2010
Las dos causas de la emergencia social
UNO:
- El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo - No POS Subsidiado (No POS-S), que hacen parte del Plan del Régimen Contributivo. Dichos servicios están a cargo de las entidades territoriales y se prestan a la población asegurada en el régimen subsidiado. Este gasto se financia con el Sistema General de Participaciones (1,2 billones), un porcentaje de las rentas cedidas (0,8 billones), recursos propios territoriales y otras fuentes no recurrentes como el FAEP (0,18 billones) , ECAT (0,1 billón) y el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud (1 billón). El gráfico 1 muestra la estructura de los regímenes contributivo y subsidiado, y se destaca el componente No POS-S al que se hace referencia.
- Las entidades territoriales contratan estos servicios No POS-S con las instituciones prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas. Sin embargo, las entidades territoriales no han desarrollado mecanismos para identificar y controlar adecuadamente situaciones de: abuso en la demanda de esos servicios, inducción indebida de la demanda, sobredimensionamiento de la oferta, sobrecostos; además, tampoco se conoce la frecuencia de dichos servicios.
- Los departamentos y el Distrito Capital informaron al Gobierno nacional un incremento en la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Subsidiado. Esta situación ha sido reiterada por los gobernadores en distintos escenarios; no obstante, las entidades territoriales no han enviado información precisa que permita constatar el valor real del gasto No POS de sus territorios.
- Algunas cifras:
En 2009, el déficit corriente por prestación de servicios de salud se duplicó frente al de 2008, al pasar de $409.187 millones a un valor estimado de $885.237 millones, cifras que reflejan un crecimiento del 116%.
De acuerdo con la información reportada por Gestarsalud –entidad que agremia a las EPS del régimen subsidiado–, en marzo de 2009, sus entidades asociadas tenían cuentas por cobrar a las entidades territoriales por servicios No POS que ascendían a $3.726 millones y en septiembre del mismo año dichas cuentas alcanzaron un monto de $37.226 millones, lo cual representa un incremento de 899% durante el periodo de marzo a septiembre.
Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a junio de 2009, señala que de una muestra de 115 IPS las cuentas por cobrar a las entidades territoriales sumaban $529.000 millones, de los cuales el 59% presentaba un atraso mayor a 90 días.
DOS:
- El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo No POS contributivo (No POS), a cargo del FOSYGA. Cabe señalar que en la concepción inicial el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no debía suministrar medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo. El gráfico 2 muestra la estructura de los regímenes y el componente del No POS del régimen contributivo.
- Estos servicios No POS contributivo se han hecho exigibles vía tutela, que parten de la prescripción del médico tratante. Los jueces se han “hecho parte del SGSSS” vía el mecanismo de la tutela, debido a que el acuerdo social de tener un límite no se cumplió, y a que el SGSSS no cuenta con un mecanismo para dirimir cuando se requiere o no prestar un servicio no contenido en el POS-C. En consecuencia, la percepción de la ciudadanía es que el país cuenta con beneficios ilimitados y que se tiene acceso a la última tecnología, sin que se verifique su costo efectividad, y pertinencia en forma técnica-científica.
- Actualmente los servicios No POS contributivo son financiados a través del mecanismo de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) de la cuenta de compensación. Dado que el SGSSS nunca previó la demanda de esos servicios No POS, la actual situación pone en riesgo la sostenibilidad del régimen contributivo.
- Se ha presentado un crecimiento acelerado de la demanda de servicios, en los costos y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, amenazando la sostenibilidad financiera del sistema.
- Algunas cifras:
El número de recobros presentados al FOSYGA por eventos No POS se incrementó en el 239%, al pasar de 835.000 en 2007 a cerca de 2.000.000 en 2009. En términos monetarios, se presentó un incremento del 280%, se pasó de pagar cerca de $626.000 millones en 2007 a $1,85 billones en 2009. Esto amenaza la estabilidad de la cuenta que financia hoy el aseguramiento de los aproximadamente 18 millones de personas afiliadas al régimen contributivo.
Pocas personas se benefician de esos recursos, situación que afecta la equidad del sistema. En efecto, en 2009, 376.000 personas afiliadas al régimen contributivo, obtuvieron beneficios No POS, por un valor aproximado de $1,8 billones, con cargo al FOSYGA ($4,8 millones por persona, en promedio), mientras que el aseguramiento para los cerca de 18 millones de afiliados en este régimen es del orden de los 10 billones de pesos ($550.000 por persona, aproximados).
Algunos ejemplos de estos servicios No POS son las cirugías estéticas, by pass gástrico, tratamientos y medicamentos procedimentales sin evidencia científica, dispositivos excesivamente costosos, como audífonos de $40 millones de pesos que cumplían la misma función de uno de $4 millones, pero que eran más estéticos, e inclusive viajes, implementos de deporte, jugos, pañales, etc.
Cabe señalar que el médico tratante, mediante el acto médico (el diagnóstico, el procedimiento y el tratamiento) induce gasto en el sistema. Por ejemplo, se han encontrado evidencias en las que el médico tratante fórmula medicamentos de “marca” (más costosos), sin tener en cuenta los medicamentos contendidos en los planes de beneficios (genéricos menos costosos pero con efectividad). En algunos casos, se ha detectado que los incentivos para recetar medicamentos los están generando los propios laboratorios farmacéuticos, a través de beneficios personales que otorgan a los médicos que los ordenan (viajes, asistencia a congresos, etc.).
El aumento en la cobertura, que afilió a 39 millones de colombianos al sistema, hizo que el gasto en salud llegara al 8% del PIB: Una cifra muy parecida a lo que gastan los países europeos en salud.
Ver más en: Lo básico de la emergencia social
viernes, 5 de febrero de 2010
Algo de historia: antecedentes de la emergencia social
Antes de 1993, el aseguramiento en el sistema de salud colombiano estaba diseñado para lograr la cobertura de la mayor parte de la población trabajadora. Sin embargo, en la práctica solo brindaba protección a cerca del 50% de los trabajadores asalariados, a través de entidades de previsión social y el Seguro Social, con diferentes esquemas de afiliación, cotización, cobertura familiar y beneficios. Como resultado, la cobertura de aseguramiento en salud de la población total era menor del 20%. Las personas que no tenían ningún tipo de aseguramiento y las familias de los trabajadores sin protección parcial eran atendidas por la red pública con problemas de acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de salud .
Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .
Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.
Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.
Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.
Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .
Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.
Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.
Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.
jueves, 4 de febrero de 2010
Crisis y empleo en perspectiva
El principal logro económico del país en 2009 fue consolidar su capacidad de respuesta a las crisis y contener sus impactos. Este avance es trascendental para garantizar la sostenibilidad de los logros sociales en el futuro.
Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra historia económica. Por primera vez enfrentamos un “choque” externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social. Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej. la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como “Familias en Acción”); al avance en el “estado del arte” en política económica (ej. una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país. El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos) y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.
Por ello, a pesar de sufrir un segundo “choque” por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a “consentidos” del mercado como Brasil y Chile y al 75% de las 57 principales economías del mundo a las que hace seguimiento The Economist. Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2% y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda y a una crisis financiera que costó 6,5% del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público. Como consecuencia, el país perdió 6 años de progreso social y solo hasta 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta crisis, se perderá solo un año en materia de ingreso por habitante.
Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El año pasado no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desocupados en el país entre diciembre de 2008 y 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registra un crecimiento promedio de los desempleados del 58% en septiembre 2008-2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11%, según la OECD. En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en aumento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú, de acuerdo con la OIT. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, de acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65%—de 9,8% a 16,3% según la metodología de la época—y el número de desempleados aumentó aproximadamente en ¡un millón trescientas mil personas! En cambio, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7%, y el número de desocupados en 452.000 personas (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace 10 años, de la que apenas veníamos saliendo cuando se desencadenó la última crisis.
Tasa de Desempleo Nacional en Colombia: 1997-2000 vs. 2007-2009 (%)
Fuente: DANE
Nota: Los cambios metodológicos ocurridos entre estas fechas, si bien dificultan un empalme preciso, no invalidan las tendencias.
Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su recuperación normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta 2001, borrando los avances sociales de años. De hecho, y aunque entre 2002 y 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los años noventa.
Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente. Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56% en Colombia contra 37% en Brasil y 11% en México) y elevados costos laborales no salariales. En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.
Cerrar esta brecha no es fácil y este gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre 2002 y 2010 esté aumentó un 9% en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el aumento en dólares fue del 73%). Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para MiPYMEs nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad. De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre 2002 y 2007 entre las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela (OIT).
Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones y niveles de calificación de los trabajadores. Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector) y de hecho se aplicó por muchos años en Colombia (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en Colombia se estima en un 50%. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35% del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120% aproximadamente. La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.
Colombia tiene ahora los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten incluso después de que las crisis amainan.
(Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2010)
Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra historia económica. Por primera vez enfrentamos un “choque” externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social. Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej. la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como “Familias en Acción”); al avance en el “estado del arte” en política económica (ej. una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país. El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos) y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.
Por ello, a pesar de sufrir un segundo “choque” por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a “consentidos” del mercado como Brasil y Chile y al 75% de las 57 principales economías del mundo a las que hace seguimiento The Economist. Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2% y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda y a una crisis financiera que costó 6,5% del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público. Como consecuencia, el país perdió 6 años de progreso social y solo hasta 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta crisis, se perderá solo un año en materia de ingreso por habitante.
Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El año pasado no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desocupados en el país entre diciembre de 2008 y 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registra un crecimiento promedio de los desempleados del 58% en septiembre 2008-2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11%, según la OECD. En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en aumento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú, de acuerdo con la OIT. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, de acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65%—de 9,8% a 16,3% según la metodología de la época—y el número de desempleados aumentó aproximadamente en ¡un millón trescientas mil personas! En cambio, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7%, y el número de desocupados en 452.000 personas (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace 10 años, de la que apenas veníamos saliendo cuando se desencadenó la última crisis.
Tasa de Desempleo Nacional en Colombia: 1997-2000 vs. 2007-2009 (%)
Fuente: DANE
Nota: Los cambios metodológicos ocurridos entre estas fechas, si bien dificultan un empalme preciso, no invalidan las tendencias.
Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su recuperación normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta 2001, borrando los avances sociales de años. De hecho, y aunque entre 2002 y 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los años noventa.
Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente. Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56% en Colombia contra 37% en Brasil y 11% en México) y elevados costos laborales no salariales. En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.
Cerrar esta brecha no es fácil y este gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre 2002 y 2010 esté aumentó un 9% en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el aumento en dólares fue del 73%). Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para MiPYMEs nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad. De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre 2002 y 2007 entre las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela (OIT).
Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones y niveles de calificación de los trabajadores. Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector) y de hecho se aplicó por muchos años en Colombia (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en Colombia se estima en un 50%. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35% del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120% aproximadamente. La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.
Colombia tiene ahora los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten incluso después de que las crisis amainan.
(Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2010)
miércoles, 20 de enero de 2010
Cinco preguntas (y sus respuestas) sobre Inversión Extranjera Directa-IED
Respuestas del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez:
1. ¿A qué atribuye el hecho de que la inversión extranjera en Colombia se mantenga en niveles relativamente estables en medio de la crisis mundial?
Una precisión inicial: los datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República muestran que las entradas de dólares de extranjeros para inversión directa sólo cayó 2% en 2009. Para la cuantificación completa de la IED se deben incluir otros rubros además del movimiento de divisas. Sin embargo, esa información sólo estará disponible a finales de marzo.
Ahora bien, Colombia está entre los países que han sorteado con más éxito la crisis mundial. Tiene una institucionalidad económica seria y un manejo macroeconómico responsable. También tiene una política de incentivos a la inversión tanto extranjera como doméstica. En 2009 Colombia quedó catalogada como la economía con mejor ambiente para hacer negocios en América Latina. Todo ello brinda un clima de confianza que pone a Colombia como un país atractivo para la inversión extranjera.
2. ¿Cuáles fueron los sectore más atractivos para los inversionistas extranjeros el año pasado?
En primer lugar el sector petrolero, donde los ingresos brutos en dólares por IED crecieron 16%. Pero no eso no quiere decir, como dijo algún analista recientemente, que la IED en Colombia se petrolizó y que la de otros sectores desapareció. Los ingresos brutos en dólares por IED en sectores no petroleros fueron de US$1.738 millones en 2009, frente a US$2.875 en 2008. Es una caída importante pero no tan grande como la que se ha difundido en los medios.
3. ¿De qué manera la IED impacta favorablemente al país?
La IED ha sido fundamental para el desarrollo del sector petrolero y minero. También es muy importante para el desarrollo de sectores de clase mundial, una de las principales estrategias del Gobierno para la transformación productiva de la economía colombiana. La inversión extranjera representa una fuente de divisas de mayor plazo y menor volatilidad y cumple un papel esencial para acortar las distancias tecnológicas que nos separan de las economías más avanzadas. Un milagro económico como el de Irlanda fue, en buena medida, producto de una estrategia muy activa en la incorporación de inversión extranjera.
4. ¿Es posible que en el 2010 vuelva a crecer la inversión de colombianos en la compra de activos extranjeros establecidos en el país?
Esto dependerá de las empresas, de su balance de 2009, y de sus estrategias de crecimiento para 2010. Dependiendo de estos factores, los empresarios colombianos pueden seguir comprando activos extranjeros en el país. En 2009 las cifras por este concepto fueron afectadas por algunas operaciones puntuales de magnitud importante.
5. ¿Qué expectativas de IED tiene el Gobierno para el 2010?
Las condiciones para la IED permiten ser optimistas en 2010. Todo indica a que la demanda por commodities seguirá aumentando en la medida en que siguen creciendo las economías emergentes, por lo que los inversionistas seguirán buscando oportunidades en minas y energía. La recuperacion de la economia mundial permite prever un repunte en los flujos de IED a nivel global. Tambien se pueden esperar flujos de inversion extranjera en algunos proyectos de infraestructura. Para 2010, el gobierno espera una IED bruta alrededor de US$8000 millones.
1. ¿A qué atribuye el hecho de que la inversión extranjera en Colombia se mantenga en niveles relativamente estables en medio de la crisis mundial?
Una precisión inicial: los datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República muestran que las entradas de dólares de extranjeros para inversión directa sólo cayó 2% en 2009. Para la cuantificación completa de la IED se deben incluir otros rubros además del movimiento de divisas. Sin embargo, esa información sólo estará disponible a finales de marzo.
Ahora bien, Colombia está entre los países que han sorteado con más éxito la crisis mundial. Tiene una institucionalidad económica seria y un manejo macroeconómico responsable. También tiene una política de incentivos a la inversión tanto extranjera como doméstica. En 2009 Colombia quedó catalogada como la economía con mejor ambiente para hacer negocios en América Latina. Todo ello brinda un clima de confianza que pone a Colombia como un país atractivo para la inversión extranjera.
2. ¿Cuáles fueron los sectore más atractivos para los inversionistas extranjeros el año pasado?
En primer lugar el sector petrolero, donde los ingresos brutos en dólares por IED crecieron 16%. Pero no eso no quiere decir, como dijo algún analista recientemente, que la IED en Colombia se petrolizó y que la de otros sectores desapareció. Los ingresos brutos en dólares por IED en sectores no petroleros fueron de US$1.738 millones en 2009, frente a US$2.875 en 2008. Es una caída importante pero no tan grande como la que se ha difundido en los medios.
3. ¿De qué manera la IED impacta favorablemente al país?
La IED ha sido fundamental para el desarrollo del sector petrolero y minero. También es muy importante para el desarrollo de sectores de clase mundial, una de las principales estrategias del Gobierno para la transformación productiva de la economía colombiana. La inversión extranjera representa una fuente de divisas de mayor plazo y menor volatilidad y cumple un papel esencial para acortar las distancias tecnológicas que nos separan de las economías más avanzadas. Un milagro económico como el de Irlanda fue, en buena medida, producto de una estrategia muy activa en la incorporación de inversión extranjera.
4. ¿Es posible que en el 2010 vuelva a crecer la inversión de colombianos en la compra de activos extranjeros establecidos en el país?
Esto dependerá de las empresas, de su balance de 2009, y de sus estrategias de crecimiento para 2010. Dependiendo de estos factores, los empresarios colombianos pueden seguir comprando activos extranjeros en el país. En 2009 las cifras por este concepto fueron afectadas por algunas operaciones puntuales de magnitud importante.
5. ¿Qué expectativas de IED tiene el Gobierno para el 2010?
Las condiciones para la IED permiten ser optimistas en 2010. Todo indica a que la demanda por commodities seguirá aumentando en la medida en que siguen creciendo las economías emergentes, por lo que los inversionistas seguirán buscando oportunidades en minas y energía. La recuperacion de la economia mundial permite prever un repunte en los flujos de IED a nivel global. Tambien se pueden esperar flujos de inversion extranjera en algunos proyectos de infraestructura. Para 2010, el gobierno espera una IED bruta alrededor de US$8000 millones.
lunes, 18 de enero de 2010
Recursos para investigación sobre políticas públicas: Indicadores
La información pertinente es fundamental en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y el Internet el un recurso ideal para contrastar datos, revisar indicadores, comparar Colombia con otros países y presentar estadísticas de forma innovadora.
Sin que implique un compromiso institucional, queríamos compartir con nuestros lectores las cinco páginas Web preferidas por el equipo del DNP a la hora de buscar nueva información y de analizarla de manera innovadora.
1. Gapminder: Su fundador es un enamorado de las estadísticas y su objetivo principal con el sitio es desmitificar ideas sobre el desarrollo con una herramienta innovadora para contrastar datos entre países a través de la historia. Por ejemplo, se puede ver la relación entre el ingreso per cápita de todos los países del mundo y el número promedio de hijos por persona, o para los más audaces, el número de patentes otorgadas y las emisiones de carbono, en lapsos de tiempo que van hasta 200 años atrás. Los usuarios avanzados pueden llegar a ingresar al sistema sus propios datos. Les recomendamos los videos. (http://www.gapminder.org)
2. Sigot: Es un sistema de información geográfico diseñado para la planeación y el ordenamiento territorial en Colombia. La página es auspiciada por el Agustín Codazzi y en su elaboración participaron varias entidades públicas y privadas colombianas (entre ellas, el DNP). El sistema permite comparar una importante batería de indicadores sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales entre regiones y su relación dentro de una sola región. Tiene un piloto especial para el suroccidente colombiano que permite hacer análisis local. (http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/)
3. Economist Intelligence Unit (EIU): El EIU es el centro de pensamiento de la revista The Economist, dedicado a analizar datos económicos para 200 países y más de seis sectores. Los que tienen la suerte de estar suscritos a este recurso pueden acceder a sus famosos documentos de prospectiva económica, por país, por región y por sector. Los que no, pueden de todas formas leer los artículos y los rankings que publican gratis. Vale la pena estar pendiente de la información que cuelgan para el acceso del público en general todos los días. La calidad de la información y del análisis es impecable, no es por nada que están detrás de la revista preferida y venerada por economistas de todo mundo. (http://www.eiu.com/index.asp?rf=0)
4. Penn World Table-Center for International Comparisons (CIC): Con una tradición de más de 60 años en la comparación de datos económicos de todos los países, el CIC tiene información desde 1950 para más de 188 países sobre el ingreso per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Antes de que se pusiera de moda el anglicismo “benchmarking” el CIC ya era líder en análisis comparativos entre países. El CIC es auspiciado por la tradicional Universidad de Pensilvania y fue fundado por Simon Kuznets. (http://pwt.econ.upenn.edu/index.html)
5. UN Comtrade: Para análisis de comercio internacional, nada le gana al UN Comtrade. No necesariamente tiene los últimos datos de cada país, pero sí cuenta con datos para todos los países. Es un recurso ideal para hacer análisis por productos o por regiones. También permite saber cuáles son los productos más dinámicos a nivel global, un buen referente para tomar decisiones de negocios. (http://comtrade.un.org)
¿Cuáles son sus páginas favoritas para la consulta de indicadores?
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1. Gapminder: Su fundador es un enamorado de las estadísticas y su objetivo principal con el sitio es desmitificar ideas sobre el desarrollo con una herramienta innovadora para contrastar datos entre países a través de la historia. Por ejemplo, se puede ver la relación entre el ingreso per cápita de todos los países del mundo y el número promedio de hijos por persona, o para los más audaces, el número de patentes otorgadas y las emisiones de carbono, en lapsos de tiempo que van hasta 200 años atrás. Los usuarios avanzados pueden llegar a ingresar al sistema sus propios datos. Les recomendamos los videos. (http://www.gapminder.org)
2. Sigot: Es un sistema de información geográfico diseñado para la planeación y el ordenamiento territorial en Colombia. La página es auspiciada por el Agustín Codazzi y en su elaboración participaron varias entidades públicas y privadas colombianas (entre ellas, el DNP). El sistema permite comparar una importante batería de indicadores sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales entre regiones y su relación dentro de una sola región. Tiene un piloto especial para el suroccidente colombiano que permite hacer análisis local. (http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/)
3. Economist Intelligence Unit (EIU): El EIU es el centro de pensamiento de la revista The Economist, dedicado a analizar datos económicos para 200 países y más de seis sectores. Los que tienen la suerte de estar suscritos a este recurso pueden acceder a sus famosos documentos de prospectiva económica, por país, por región y por sector. Los que no, pueden de todas formas leer los artículos y los rankings que publican gratis. Vale la pena estar pendiente de la información que cuelgan para el acceso del público en general todos los días. La calidad de la información y del análisis es impecable, no es por nada que están detrás de la revista preferida y venerada por economistas de todo mundo. (http://www.eiu.com/index.asp?rf=0)
4. Penn World Table-Center for International Comparisons (CIC): Con una tradición de más de 60 años en la comparación de datos económicos de todos los países, el CIC tiene información desde 1950 para más de 188 países sobre el ingreso per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Antes de que se pusiera de moda el anglicismo “benchmarking” el CIC ya era líder en análisis comparativos entre países. El CIC es auspiciado por la tradicional Universidad de Pensilvania y fue fundado por Simon Kuznets. (http://pwt.econ.upenn.edu/index.html)
5. UN Comtrade: Para análisis de comercio internacional, nada le gana al UN Comtrade. No necesariamente tiene los últimos datos de cada país, pero sí cuenta con datos para todos los países. Es un recurso ideal para hacer análisis por productos o por regiones. También permite saber cuáles son los productos más dinámicos a nivel global, un buen referente para tomar decisiones de negocios. (http://comtrade.un.org)
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