Las dos causas de la emergencia social

UNO:

• El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo - No POS Subsidiado (No POS-S), que hacen parte del Plan del Régimen Contributivo. Dichos servicios están a cargo de las entidades territoriales y se prestan a la población asegurada en el régimen subsidiado. Este gasto se financia con el Sistema General de Participaciones (1,2 billones), un porcentaje de las rentas cedidas (0,8 billones), recursos propios territoriales y otras fuentes no recurrentes como el FAEP (0,18 billones) , ECAT (0,1 billón) y el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud (1 billón). El gráfico 1 muestra la estructura de los regímenes contributivo y subsidiado, y se destaca el componente No POS-S al que se hace referencia.
  
• Las entidades territoriales contratan estos servicios No POS-S con las instituciones prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas. Sin embargo, las entidades territoriales no han desarrollado mecanismos para identificar y controlar adecuadamente situaciones de: abuso en la demanda de esos servicios, inducción indebida de la demanda, sobredimensionamiento de la oferta, sobrecostos; además, tampoco se conoce la frecuencia de dichos servicios.
  
• Los departamentos y el Distrito Capital informaron al Gobierno nacional un incremento en la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Subsidiado. Esta situación ha sido reiterada por los gobernadores en distintos escenarios; no obstante, las entidades territoriales no han enviado información precisa que permita constatar el valor real del gasto No POS de sus territorios.
  
• Algunas cifras:

En 2009, el déficit corriente por prestación de servicios de salud se duplicó frente al de 2008, al pasar de $409.187 millones a un valor estimado de $885.237 millones, cifras que reflejan un crecimiento del 116%.

De acuerdo con la información reportada por Gestarsalud –entidad que agremia a las EPS del régimen subsidiado–, en marzo de 2009, sus entidades asociadas tenían cuentas por cobrar a las entidades territoriales por servicios No POS que ascendían a $3.726 millones y en septiembre del mismo año dichas cuentas alcanzaron un monto de $37.226 millones, lo cual representa un incremento de 899% durante el periodo de marzo a septiembre.

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a junio de 2009, señala que de una muestra de 115 IPS las cuentas por cobrar a las entidades territoriales sumaban $529.000 millones, de los cuales el 59% presentaba un atraso mayor a 90 días.

DOS:

• El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo No POS contributivo (No POS), a cargo del FOSYGA. Cabe señalar que en la concepción inicial el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no debía suministrar medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo. El gráfico 2 muestra la estructura de los regímenes y el componente del No POS del régimen contributivo.
  
• Estos servicios No POS contributivo se han hecho exigibles vía tutela, que parten de la prescripción del médico tratante. Los jueces se han “hecho parte del SGSSS” vía el mecanismo de la tutela, debido a que el acuerdo social de tener un límite no se cumplió, y a que el SGSSS no cuenta con un mecanismo para dirimir cuando se requiere o no prestar un servicio no contenido en el POS-C. En consecuencia, la percepción de la ciudadanía es que el país cuenta con beneficios ilimitados y que se tiene acceso a la última tecnología, sin que se verifique su costo efectividad, y pertinencia en forma técnica-científica.
  
• Actualmente los servicios No POS contributivo son financiados a través del mecanismo de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) de la cuenta de compensación. Dado que el SGSSS nunca previó la demanda de esos servicios No POS, la actual situación pone en riesgo la sostenibilidad del régimen contributivo.
  
• Se ha presentado un crecimiento acelerado de la demanda de servicios, en los costos y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, amenazando la sostenibilidad financiera del sistema.
  
• Algunas cifras:

El número de recobros presentados al FOSYGA por eventos No POS se incrementó en el 239%, al pasar de 835.000 en 2007 a cerca de 2.000.000 en 2009. En términos monetarios, se presentó un incremento del 280%, se pasó de pagar cerca de $626.000 millones en 2007 a $1,85 billones en 2009. Esto amenaza la estabilidad de la cuenta que financia hoy el aseguramiento de los aproximadamente 18 millones de personas afiliadas al régimen contributivo.

Pocas personas se benefician de esos recursos, situación que afecta la equidad del sistema. En efecto, en 2009, 376.000 personas afiliadas al régimen contributivo, obtuvieron beneficios No POS, por un valor aproximado de $1,8 billones, con cargo al FOSYGA ($4,8 millones por persona, en promedio), mientras que el aseguramiento para los cerca de 18 millones de afiliados en este régimen es del orden de los 10 billones de pesos ($550.000 por persona, aproximados).

Algunos ejemplos de estos servicios No POS son las cirugías estéticas, by pass gástrico, tratamientos y medicamentos procedimentales sin evidencia científica, dispositivos excesivamente costosos, como audífonos de $40 millones de pesos que cumplían la misma función de uno de $4 millones, pero que eran más estéticos, e inclusive viajes, implementos de deporte, jugos, pañales, etc.

Cabe señalar que el médico tratante, mediante el acto médico (el diagnóstico, el procedimiento y el tratamiento) induce gasto en el sistema. Por ejemplo, se han encontrado evidencias en las que el médico tratante fórmula medicamentos de “marca” (más costosos), sin tener en cuenta los medicamentos contendidos en los planes de beneficios (genéricos menos costosos pero con efectividad). En algunos casos, se ha detectado que los incentivos para recetar medicamentos los están generando los propios laboratorios farmacéuticos, a través de beneficios personales que otorgan a los médicos que los ordenan (viajes, asistencia a congresos, etc.).

El aumento en la cobertura, que afilió a 39 millones de colombianos al sistema, hizo que el gasto en salud llegara al 8% del PIB: Una cifra muy parecida a lo que gastan los países europeos en salud.

Ver más en: Lo básico de la emergencia social

Algo de historia: antecedentes de la emergencia social

Antes de 1993, el aseguramiento en el sistema de salud colombiano estaba diseñado para lograr la cobertura de la mayor parte de la población trabajadora. Sin embargo, en la práctica solo brindaba protección a cerca del 50% de los trabajadores asalariados, a través de entidades de previsión social y el Seguro Social, con diferentes esquemas de afiliación, cotización, cobertura familiar y beneficios. Como resultado, la cobertura de aseguramiento en salud de la población total era menor del 20%. Las personas que no tenían ningún tipo de aseguramiento y las familias de los trabajadores sin protección parcial eran atendidas por la red pública con problemas de acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de salud .

Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .

Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.

Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.

Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.

Crisis y empleo en perspectiva

El principal logro económico del país en 2009 fue consolidar su capacidad de respuesta a las crisis y contener sus impactos. Este avance es trascendental para garantizar la sostenibilidad de los logros sociales en el futuro.

Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra historia económica. Por primera vez enfrentamos un “choque” externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social. Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej. la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como “Familias en Acción”); al avance en el “estado del arte” en política económica (ej. una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país. El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos) y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.

Por ello, a pesar de sufrir un segundo “choque” por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a “consentidos” del mercado como Brasil y Chile y al 75% de las 57 principales economías del mundo a las que hace seguimiento The Economist. Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2% y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda y a una crisis financiera que costó 6,5% del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público. Como consecuencia, el país perdió 6 años de progreso social y solo hasta 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta crisis, se perderá solo un año en materia de ingreso por habitante.

Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El año pasado no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desocupados en el país entre diciembre de 2008 y 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registra un crecimiento promedio de los desempleados del 58% en septiembre 2008-2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11%, según la OECD. En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en aumento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú, de acuerdo con la OIT. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, de acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65%—de 9,8% a 16,3% según la metodología de la época—y el número de desempleados aumentó aproximadamente en ¡un millón trescientas mil personas! En cambio, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7%, y el número de desocupados en 452.000 personas (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace 10 años, de la que apenas veníamos saliendo cuando se desencadenó la última crisis.

Tasa de Desempleo Nacional en Colombia: 1997-2000 vs. 2007-2009 (%)



Fuente: DANE
Nota: Los cambios metodológicos ocurridos entre estas fechas, si bien dificultan un empalme preciso, no invalidan las tendencias.

Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su recuperación normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta 2001, borrando los avances sociales de años. De hecho, y aunque entre 2002 y 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los años noventa.

Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente. Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56% en Colombia contra 37% en Brasil y 11% en México) y elevados costos laborales no salariales. En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.

Cerrar esta brecha no es fácil y este gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre 2002 y 2010 esté aumentó un 9% en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el aumento en dólares fue del 73%). Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para MiPYMEs nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad. De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre 2002 y 2007 entre las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela (OIT).

Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones y niveles de calificación de los trabajadores. Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector) y de hecho se aplicó por muchos años en Colombia (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en Colombia se estima en un 50%. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35% del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120% aproximadamente. La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.

Colombia tiene ahora los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten incluso después de que las crisis amainan.

(Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2010)

Cinco preguntas (y sus respuestas) sobre Inversión Extranjera Directa-IED

Respuestas del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez:

1. ¿A qué atribuye el hecho de que la inversión extranjera en Colombia se mantenga en niveles relativamente estables en medio de la crisis mundial?

Una precisión inicial: los datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República muestran que las entradas de dólares de extranjeros para inversión directa sólo cayó 2% en 2009. Para la cuantificación completa de la IED se deben incluir otros rubros además del movimiento de divisas. Sin embargo, esa información sólo estará disponible a finales de marzo.

Ahora bien, Colombia está entre los países que han sorteado con más éxito la crisis mundial. Tiene una institucionalidad económica seria y un manejo macroeconómico responsable. También tiene una política de incentivos a la inversión tanto extranjera como doméstica. En 2009 Colombia quedó catalogada como la economía con mejor ambiente para hacer negocios en América Latina. Todo ello brinda un clima de confianza que pone a Colombia como un país atractivo para la inversión extranjera.

2. ¿Cuáles fueron los sectore más atractivos para los inversionistas extranjeros el año pasado?

En primer lugar el sector petrolero, donde los ingresos brutos en dólares por IED crecieron 16%. Pero no eso no quiere decir, como dijo algún analista recientemente, que la IED en Colombia se petrolizó y que la de otros sectores desapareció. Los ingresos brutos en dólares por IED en sectores no petroleros fueron de US$1.738 millones en 2009, frente a US$2.875 en 2008. Es una caída importante pero no tan grande como la que se ha difundido en los medios.

3. ¿De qué manera la IED impacta favorablemente al país?

La IED ha sido fundamental para el desarrollo del sector petrolero y minero. También es muy importante para el desarrollo de sectores de clase mundial, una de las principales estrategias del Gobierno para la transformación productiva de la economía colombiana. La inversión extranjera representa una fuente de divisas de mayor plazo y menor volatilidad y cumple un papel esencial para acortar las distancias tecnológicas que nos separan de las economías más avanzadas. Un milagro económico como el de Irlanda fue, en buena medida, producto de una estrategia muy activa en la incorporación de inversión extranjera.

4. ¿Es posible que en el 2010 vuelva a crecer la inversión de colombianos en la compra de activos extranjeros establecidos en el país?

Esto dependerá de las empresas, de su balance de 2009, y de sus estrategias de crecimiento para 2010. Dependiendo de estos factores, los empresarios colombianos pueden seguir comprando activos extranjeros en el país. En 2009 las cifras por este concepto fueron afectadas por algunas operaciones puntuales de magnitud importante.

5. ¿Qué expectativas de IED tiene el Gobierno para el 2010?

Las condiciones para la IED permiten ser optimistas en 2010. Todo indica a que la demanda por commodities seguirá aumentando en la medida en que siguen creciendo las economías emergentes, por lo que los inversionistas seguirán buscando oportunidades en minas y energía. La recuperacion de la economia mundial permite prever un repunte en los flujos de IED a nivel global. Tambien se pueden esperar flujos de inversion extranjera en algunos proyectos de infraestructura. Para 2010, el gobierno espera una IED bruta alrededor de US$8000 millones.

Recursos para investigación sobre políticas públicas: Indicadores

La información pertinente es fundamental en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y el Internet el un recurso ideal para contrastar datos, revisar indicadores, comparar Colombia con otros países y presentar estadísticas de forma innovadora.

Sin que implique un compromiso institucional, queríamos compartir con nuestros lectores las cinco páginas Web preferidas por el equipo del DNP a la hora de buscar nueva información y de analizarla de manera innovadora.

1. Gapminder: Su fundador es un enamorado de las estadísticas y su objetivo principal con el sitio es desmitificar ideas sobre el desarrollo con una herramienta innovadora para contrastar datos entre países a través de la historia. Por ejemplo, se puede ver la relación entre el ingreso per cápita de todos los países del mundo y el número promedio de hijos por persona, o para los más audaces, el número de patentes otorgadas y las emisiones de carbono, en lapsos de tiempo que van hasta 200 años atrás. Los usuarios avanzados pueden llegar a ingresar al sistema sus propios datos. Les recomendamos los videos. (http://www.gapminder.org)
2. Sigot: Es un sistema de información geográfico diseñado para la planeación y el ordenamiento territorial en Colombia. La página es auspiciada por el Agustín Codazzi y en su elaboración participaron varias entidades públicas y privadas colombianas (entre ellas, el DNP). El sistema permite comparar una importante batería de indicadores sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales entre regiones y su relación dentro de una sola región. Tiene un piloto especial para el suroccidente colombiano que permite hacer análisis local. (http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/)
3. Economist Intelligence Unit (EIU): El EIU es el centro de pensamiento de la revista The Economist, dedicado a analizar datos económicos para 200 países y más de seis sectores. Los que tienen la suerte de estar suscritos a este recurso pueden acceder a sus famosos documentos de prospectiva económica, por país, por región y por sector. Los que no, pueden de todas formas leer los artículos y los rankings que publican gratis. Vale la pena estar pendiente de la información que cuelgan para el acceso del público en general todos los días. La calidad de la información y del análisis es impecable, no es por nada que están detrás de la revista preferida y venerada por economistas de todo mundo. (http://www.eiu.com/index.asp?rf=0)
4. Penn World Table-Center for International Comparisons (CIC): Con una tradición de más de 60 años en la comparación de datos económicos de todos los países, el CIC tiene información desde 1950 para más de 188 países sobre el ingreso per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Antes de que se pusiera de moda el anglicismo “benchmarking” el CIC ya era líder en análisis comparativos entre países. El CIC es auspiciado por la tradicional Universidad de Pensilvania y fue fundado por Simon Kuznets. (http://pwt.econ.upenn.edu/index.html)
5. UN Comtrade: Para análisis de comercio internacional, nada le gana al UN Comtrade. No necesariamente tiene los últimos datos de cada país, pero sí cuenta con datos para todos los países. Es un recurso ideal para hacer análisis por productos o por regiones. También permite saber cuáles son los productos más dinámicos a nivel global, un buen referente para tomar decisiones de negocios. (http://comtrade.un.org)

¿Cuáles son sus páginas favoritas para la consulta de indicadores?

¿Salario mínimo diferencial?

Tarde o temprano el país está abocado a repensar la política de salario mínimo y de otras regulaciones sobre el mercado laboral si queremos llegar a tener una tasa de desempleo de un dígito y a reducir sustancialmente la informalidad.

En 1983 se tomó la decisión de unificar el salario mínimo urbano y rural con el fin de “cerrar la brecha de ingresos entre el campo y la ciudad”. Como suele suceder con políticas bien intencionadas pero mal diseñadas, el resultado fue ampliar las brechas en lugar de cerrarlas. La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades es del 58%, mientras que en las áreas rurales es del 75%. Mientras que en las 13 principales ciudades el 30% de los asalariados ganan menos de un salario mínimo, dicha proporción es del 70% en el sector rural (sin cabeceras).

No es un problema de hacer cumplir el salario mínimo (que también lo hay). Es un problema de diferencias de productividad entre el sector urbano y el sector rural. Sólo cerrando esa brecha de productividad se puede llegar a cerrar la brecha de ingresos rural-urbana. Pero imponer un salario mínimo igual cuando la productividad rural está 50% por debajo de la productividad urbana, es generalizar la informalidad en el campo como en efecto ocurre.

Además, existen diferencias grandes en el valor de la canasta de consumo entre ciudades grandes y áreas rurales, que de por sí justifican la existencia de salarios mínimos diferenciales. Sólo en el precio de los alimentos, las diferencias pueden ser hasta del 15%.

Una forma de ver qué tanto el salario mínimo castiga a los trabajadores de menor productividad es comparándolo con el salario promedio. En la medida en que el salario mínimo esté más cerca de este último es más posible que los que tienen una productividad por debajo de la productividad promedio tengan dificultades consiguiendo un empleo formal.

Mientras que el salario promedio en las 13 principales ciudades es casi dos veces el salario mínimo, en el resto de cabeceras urbanas es 1,5 veces. En el sector rural el salario promedio es igual al salario mínimo. No es de extrañar por lo tanto la generalización de la informalidad en el campo, y los problemas de informalidad y desempleo en las ciudades.

Pero las brechas de productividad no solamente existen entre el campo y la ciudad, sino también entre actividades económicas: la productividad por trabajador en el sector financiero es 1.6 veces mayor a la productividad en el sector comercio. Y las brechas de productividad también son significativas entre los jóvenes recién egresados de educación secundaria y sin experiencia, frente a trabajadores incluso no calificados pero con varios años de experiencia laboral.

Estas diferencias de productividad explican por qué muchos países tienen salarios mínimos que diferencian entre áreas (rural-urbana), entre actividades económicas, o contemplan salarios mínimos diferenciales para jóvenes. En la región, países como Chile, México, Panamá, o Uruguay tienen salarios mínimos diferenciales.

También se puede diseñar un salario diferencial para jóvenes con algún mecanismo de ajuste en la medida en que el trabajador gana experiencia. En Irlanda, por ejemplo, los menores de 18 reciben el 70% del salario mínimo, después del primer año de trabajo el 80%, en el segundo año el 90%, y después de tres años de experiencia el 100%.

En Colombia la imposición de un salario mínimo único agrava el problema de exclusión de los trabajadores de menor productividad y calificación por dos razones adicionales:
En primer lugar, los costos laborales no salariales (parafiscales y contribuciones a las seguridad social) incrementan el costo salarial en 54%, una de las tasas más altas en la región. En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en 2008 el salario mínimo representaba el 56% del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37% y en México el 11%.

En estas condiciones, es todavía más urgente la consideración de salarios mínimos diferenciales como la única manera, a corto plazo, de abrir la posibilidad de un empleo formal a los trabajadores de menor productividad. Y está visto que la obtención de un empleo formal es, muchas veces, el único camino hacia la superación de la pobreza para millones de personas.

Tabla 1. Criterios de diferenciación del salario mínimo legal

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009) y Arango et. al. (2007)

Gráfico 1. Salario Mínimo como proporción del PIB per cápita: 2008 (%)

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009)

Ruta del Sol II: Mejoras en tiempos y costos

Este megaproyecto va a significar grandes ahorros y beneficios económicos para el país. En primera instancia, las mejoras en la infraestructura vial tienen un impacto directo en la reducción de los Costos de Operación Vehicular (VOC, por sus siglas en inglés), que comprenden, entre otros, el consumo de combustibles y lubricantes y el desgaste de neumáticos. Esto se ve reflejado directamente en la disminución de los costos de comercio exterior.

El análisis de VOC para Colombia evidencia que si se cambia el estado de una vía de malo a bueno, éstos pueden reducirse hasta en un 19% por kilómetro para un tracto-camión y si se realizan mejoras en la geometría del corredor, las reducciones son de aproximadamente 44% por kilómetro.

Según estas estimaciones, los cálculos preliminares del DNP sugieren que las mejoras que la Ruta del Sol contempla, en las que se llevaría su pavimento a niveles operacionales óptimos, se lograrían reducciones de al menos 5.3% en los VOC, lo que representaría hasta un 4% de ahorros en los costos de movilización de bienes en este corredor.

Esta reducción puede llegar a representar un ahorro del 1,5% en el costo total de distribución física internacional para un proceso de exportación e importación, algo significativo dado que los costos de transporte terrestre en Colombia representan un porcentaje importante de los costos de comercio exterior.

Si se toma como referencia el valor del comercio exterior para 2008, una reducción del 1.5% podría significar utilidades adicionales para el país de cerca de USD 1.149 millones. El esfuerzo detrás de la estructuración de la Ruta del Sol evidencia la importancia que le ha dado el Gobierno Nacional al fortalecimiento de la infraestructura, en particular a la consolidación de los corredores de comercio exterior para aumentar la competitividad del país.

La Ruta del Sol forma parte de una estrategia integral en este frente, al igual que las vías contempladas en el Programa Estratégico de Autopistas - PROESA y en el proyecto Desarrollo Vial del Sur. Con la ejecución de estos proyectos, que contempla una inversión pública cercana a los 10 billones de pesos, se pasará de aproximadamente 1.000 Km. al finalizar el 2009, a 3.400 Km. de doble calzada. El DNP estima que la inversión pública en infraestructura llegará a ser aproximadamente el 1,1 % del PIB en 2013, indicador importante si se parte de la base de que en 2004 esta cifra fue del 0,4% del PIB. Así mismo, se debe considerar que la inversión pública estará acompañada con la del sector privado, cuyos aportes en las concesiones viales, se apalancarán con los ingresos por cobro de peajes.

La consolidación de estos corredores de comercio exterior se complementará con el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en los principales terminales del país, la reactivación de los ferrocarriles -principalmente para el transporte de carga-, la recuperación de la navegabilidad fluvial en los principales ríos, la expansión y optimización de la infraestructura portuaria del país y la implementación de la Política Nacional Logística, liderada por el DNP, en la que Colombia ha tenido avances importantes frente a los demás países latinoamericanos. En consecuencia, contar con una infraestructura de transporte con mayores niveles de cobertura, con capacidad de soportar los crecientes flujos de comercio eficientemente, y que dé cuenta de las difíciles condiciones geográficas del país, le permitirá al país avanzar en su camino hacia una inserción exitosa en el mercado global.

El exitoso proceso de estructuración del proyecto de la Ruta del Sol, evidencia la posibilidad de abordar la promoción de la competitividad del país desde una perspectiva diferente: se trata de una responsabilidad conjunta y complementaria de los sectores público y privado. El primero se debe constituir como el ente que genera las condiciones y los escenarios de asociación público-privada que sean atractivos para los inversionistas. El segundo, por su parte, está llamado a participar como un socio activo en el desarrollo de las iniciativas y programas gubernamentales, a comprometerse con la optimización en el uso y la prestación eficiente de los servicios asociados a la infraestructura de transporte, y a actuar de forma eficiente y comprometida en la apuesta de país de ser competitivo en el escenario de la globalización.