¿Funcionaría un mínimo regional?

El periódico El Colombiano publicó dos perspectivas sobre la posibilidad de crear salarios mínimos diferenciados. La primera, del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez, apoya la propuesta basándose en las diferencias en productividad y la incidencia de la informalidad en ciertas regiones. La segunda, de Hugo López, director del Banco de la República, regional Medellín, no desestima del todo la propuesta, pero afirma que sería imposible de administrar. Puede consultar los artículos aquí.

Empleo formal: clave para superar la pobreza (Juan Mauricio Ramírez)

En la actualidad, el gran obstáculo, el cuello de botella de la economía colombiana, es el problema de la informalidad, porque ésta afecta la calidad del trabajo, la productividad de las empresas, incrementa la pobreza y reduce la contribución a salud y pensiones y, por ende, hace inviable la sostenibilidad de estos dos sistemas de aseguramiento.
La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades del país es hoy del 58 por ciento, pero en las zonas rurales es del 75 por ciento. De esta realidad es que surge la propuesta de un salario diferencial.
El problema es que hay grandes diferencias en la productividad entre las 13 principales ciudades y el resto del país. De hecho, hay dos historias distintas. En las 13 ciudades principales ha ido bajando la pobreza, que actualmente es del 30 por ciento, mientras el resto de las cabeceras tiene una tasa del 52 por ciento y el área rural está por encima del 70 por ciento.
Lo que hemos calculado es que la productividad rural es más o menos el 50 por ciento de la productividad urbana y les doy un dato nuevo, pero que es importante para entender todo. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza, es decir, cuál es el costo de la canasta para que una persona sea considerada no pobre? En las cabeceras municipales ese valor es de 293.00 pesos. Si fuera una familia de tres o cuatro miembros, el valor para no ser pobre es de un millón 160 mil pesos al mes. La familia que está por debajo de este valor es considerada como pobre.
Lo realmente importante es que mientras el valor de la canasta per cápita en las 13 principales ciudades es de 302 mil pesos, el valor de la canasta per cápita en las zonas rurales es de 195 mil pesos.
En otras palabras, el valor de la canasta per cápita para ser considerado no pobre en las zonas rurales es el 44 por ciento del valor de la canasta para ser considerado no pobre en las grandes ciudades.
Dada esa diferencia, la pregunta entonces es ¿cómo vamos a tener un mismo salario para todo el mundo? El problema es que con el salario mínimo que tenemos es virtualmente imposible que se genere un empleo formal en Simití o en Chigorodó o en Pamplona. Primero, porque el salario mínimo como porcentaje del PIB per cápita del país, en el caso colombiano es el 56 por ciento, se le tiene que sumar el 50 por ciento adicional por los costos de los parafiscales.
El empleador que contrate hoy a un trabajador con salario mínimo le termina pagando al final, incluidos los costos laborales, cerca de 900 mil pesos mensuales.
Así las cosas, la diferencia entre el costo de la canasta per cápita en las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales y el salario mínimo debería reflejar esas diferencias, cosa que no pasa porque tenemos un salario mínimo igual en todo el país y eso hay que enfrentarlo con salarios diferenciales. La única posibilidad de que una persona salga de la pobreza o de que una empresa sea más productividad es con empleo formal.

Ese esquema no lo administra nadie (Hugo López)

Existe un salario mínimo nacional, pero en las diferentes ciudades del país también existen tasas de evasión que difieren sustancialmente.
Me refiero a la evasión entre la gente que se debería ganar el mínimo, que son los obreros y empleados asalariados rasos, esto es, los que protege el Código. No hablo de informales.
En las 13 principales ciudades, el dato de evasión, según datos del tercer trimestre de 2009, es decir, lo más reciente, era del 13 por ciento.
Pero lo más dramático es que en ciudades como Pasto era del 48 por ciento. Gente que se ganaba menos de 0,95 salarios mínimos al día, incluyendo el dominical. Esa es la definición. En otras palabras, que no le pagaban lo que realmente debían pagarle por ocho horas por día laborado.
En Montería ese dato es del 30 por ciento, en Ibagué del 25 y en Cúcuta del 25, por citar algunos ejemplos.
Lo más grave es esto: supongamos que quisiéramos que la evasión al jornal diario para los asalariados rasos en todas las ciudades del país fuera la del promedio, es decir, del 13 por ciento.
La pregunta obligada, entonces, sería la de ¿cuánto habría que bajar el salario mínimo en Pasto?
Y la respuesta es igualmente dramática: habría que poner un salario del 47 por ciento del mínimo que actualmente rige, para que la evasión no fuera del 48 por ciento, sino del 13, que es el promedio en las 13 principales ciudades.
Y en Montería, habría que poner un salario del 65 por ciento del actual. En Ibagué, del 60 por ciento.
El asunto, así las cosas, es bien difícil de administrar, porque para rebajarles a menos de la mitad (47 por ciento) el salario mínimo a los asalariados rasos en Pasto, eso políticamente no es manejable y no veo quién se le pueda medir a eso.
En síntesis, mi opinión es que a uno le debería dar ganas de apoyar la propuesta de Planeación Nacional, pero cuando observa lo que se tendría que hacer para administrar el asunto se le quitan las ganas de hacerlo.
En cambio, me atrevería a decir lo siguiente: repensemos el salario mínimo, porque éste no está ayudando ni a los pobres y está siendo objeto de una evasión muy grande en algunas ciudades.

Respuestas del equipo del DNP a los salarios mínimos diferenciados

Con el ánimo de debatir la propuesta de crear salarios mínimos diferenciales, vamos a publicar en este blog todas las reacciones de los funcionarios del DNP al tema.

Las personas que trabajan en los temas de regalías suelen tener una sensibilidad especial frente a la problemática de las regiones. Esta es la respuesta de Alexander Duarte, consultor de la Dirección de Regalías en la evaluación de impacto de la inversión de las regalías petroleras en El Yopal, Casanare, a la propuesta de crear salarios mínimos diferenciados por regiones:

Respetado Subdirector General,
Es loable su labor de presentar soluciones frente al empleo, sin embargo resalto que más que la hipótesis aumento de eficiencia diferenciando salarios, no debe ser la prioritaria, puesto que el problema radica en la falta de condiciones del estado en proveer facilidades para el logro de aumentos en la demanda agregada y ello solo se puede alcanzar con la modificación entre consumo, ahorro e inversión y el manejo articulado a los cambios de la modernidad en la balanza comercial. En este orden de ideas, asegurar que al disminuir aún más ingresos en el campo cierta medida, es descabellado, teniendo en cuenta que el campo no lo componen empleadores sino pequeñas unidades productivas que producen a pesar de la exigua inversión en infraestructura básica y la baja capacidad de los productores del campo para asegurar el intercambio justo de sus productos sin intermediarios. Son las condiciones en la inversión las que se deben modificar, además se debe tener presente que la suma de diversas fuerzas laborales son las que componen el diferenciador productivo como el conocimiento, por citar algún autor Robert Solow o Vinner, dichos autores confirman que la productividad es prioritariamente la resultante de la integración entre la inversión en el talento humano y el bienestar social, componentes resultantes en demanda agregada. Agradezco del espacio creado para crear un consenso en nuestros puntos de vista.

Por qué hay que pensar en políticas diferenciadas regionalmente

La diferencia entre las ciudades es grande......pero entre los departamentos es peor.

Y si comparamos el nivel de ingresos de las áreas rurales, con las cabeceras urbanas y las principales ciudades...

...teniendo en cuenta el número de personas con ingresos menores a un salario mínimo...

...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente.

Se oyen propuestas.

A problemas no convencionales, respuestas no convencionales

Nadie pondría en duda que las barreras para la generación de empleo formal son el gran cuello de botella de la economía colombiana. En este momento, la tasa de informalidad del país es del 64%. De las trece principales ciudades, Bogotá tiene la tasa más baja con el 52%, pero en Villavicencio, Cúcuta y Montería, es superior al 70%. Si miramos la informalidad por departamentos, la situación es más preocupante: Nariño, Sucre, Caquetá y Chocó tienen tasas superiores al 80% y sólo Bogotá, Caldas, Antioquia y Risaralda están por debajo del 60%.


Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.

Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.

Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.

Una gráfica para pensar

A pesar de las distorsiones que pueden generar las regalías en los departamentos mineros y petroleros y los recursos de SGP en los departamentos pequeños, los resultados de esta comparación suscitan muchas preguntas. Dejamos el gráfico para que piensen sobre el tema. ¿Se necesita un salario mínimo diferenciado regionalmente?

Fuente: DANE y Ministerio de Protección Social

*Datos prelimianres para el 2005 del PIB percápita departamentalCálculos DNP-DEE

Las dos causas de la emergencia social

UNO:

• El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo - No POS Subsidiado (No POS-S), que hacen parte del Plan del Régimen Contributivo. Dichos servicios están a cargo de las entidades territoriales y se prestan a la población asegurada en el régimen subsidiado. Este gasto se financia con el Sistema General de Participaciones (1,2 billones), un porcentaje de las rentas cedidas (0,8 billones), recursos propios territoriales y otras fuentes no recurrentes como el FAEP (0,18 billones) , ECAT (0,1 billón) y el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud (1 billón). El gráfico 1 muestra la estructura de los regímenes contributivo y subsidiado, y se destaca el componente No POS-S al que se hace referencia.
  
• Las entidades territoriales contratan estos servicios No POS-S con las instituciones prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas. Sin embargo, las entidades territoriales no han desarrollado mecanismos para identificar y controlar adecuadamente situaciones de: abuso en la demanda de esos servicios, inducción indebida de la demanda, sobredimensionamiento de la oferta, sobrecostos; además, tampoco se conoce la frecuencia de dichos servicios.
  
• Los departamentos y el Distrito Capital informaron al Gobierno nacional un incremento en la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Subsidiado. Esta situación ha sido reiterada por los gobernadores en distintos escenarios; no obstante, las entidades territoriales no han enviado información precisa que permita constatar el valor real del gasto No POS de sus territorios.
  
• Algunas cifras:

En 2009, el déficit corriente por prestación de servicios de salud se duplicó frente al de 2008, al pasar de $409.187 millones a un valor estimado de $885.237 millones, cifras que reflejan un crecimiento del 116%.

De acuerdo con la información reportada por Gestarsalud –entidad que agremia a las EPS del régimen subsidiado–, en marzo de 2009, sus entidades asociadas tenían cuentas por cobrar a las entidades territoriales por servicios No POS que ascendían a $3.726 millones y en septiembre del mismo año dichas cuentas alcanzaron un monto de $37.226 millones, lo cual representa un incremento de 899% durante el periodo de marzo a septiembre.

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a junio de 2009, señala que de una muestra de 115 IPS las cuentas por cobrar a las entidades territoriales sumaban $529.000 millones, de los cuales el 59% presentaba un atraso mayor a 90 días.

DOS:

• El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo No POS contributivo (No POS), a cargo del FOSYGA. Cabe señalar que en la concepción inicial el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no debía suministrar medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo. El gráfico 2 muestra la estructura de los regímenes y el componente del No POS del régimen contributivo.
  
• Estos servicios No POS contributivo se han hecho exigibles vía tutela, que parten de la prescripción del médico tratante. Los jueces se han “hecho parte del SGSSS” vía el mecanismo de la tutela, debido a que el acuerdo social de tener un límite no se cumplió, y a que el SGSSS no cuenta con un mecanismo para dirimir cuando se requiere o no prestar un servicio no contenido en el POS-C. En consecuencia, la percepción de la ciudadanía es que el país cuenta con beneficios ilimitados y que se tiene acceso a la última tecnología, sin que se verifique su costo efectividad, y pertinencia en forma técnica-científica.
  
• Actualmente los servicios No POS contributivo son financiados a través del mecanismo de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) de la cuenta de compensación. Dado que el SGSSS nunca previó la demanda de esos servicios No POS, la actual situación pone en riesgo la sostenibilidad del régimen contributivo.
  
• Se ha presentado un crecimiento acelerado de la demanda de servicios, en los costos y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, amenazando la sostenibilidad financiera del sistema.
  
• Algunas cifras:

El número de recobros presentados al FOSYGA por eventos No POS se incrementó en el 239%, al pasar de 835.000 en 2007 a cerca de 2.000.000 en 2009. En términos monetarios, se presentó un incremento del 280%, se pasó de pagar cerca de $626.000 millones en 2007 a $1,85 billones en 2009. Esto amenaza la estabilidad de la cuenta que financia hoy el aseguramiento de los aproximadamente 18 millones de personas afiliadas al régimen contributivo.

Pocas personas se benefician de esos recursos, situación que afecta la equidad del sistema. En efecto, en 2009, 376.000 personas afiliadas al régimen contributivo, obtuvieron beneficios No POS, por un valor aproximado de $1,8 billones, con cargo al FOSYGA ($4,8 millones por persona, en promedio), mientras que el aseguramiento para los cerca de 18 millones de afiliados en este régimen es del orden de los 10 billones de pesos ($550.000 por persona, aproximados).

Algunos ejemplos de estos servicios No POS son las cirugías estéticas, by pass gástrico, tratamientos y medicamentos procedimentales sin evidencia científica, dispositivos excesivamente costosos, como audífonos de $40 millones de pesos que cumplían la misma función de uno de $4 millones, pero que eran más estéticos, e inclusive viajes, implementos de deporte, jugos, pañales, etc.

Cabe señalar que el médico tratante, mediante el acto médico (el diagnóstico, el procedimiento y el tratamiento) induce gasto en el sistema. Por ejemplo, se han encontrado evidencias en las que el médico tratante fórmula medicamentos de “marca” (más costosos), sin tener en cuenta los medicamentos contendidos en los planes de beneficios (genéricos menos costosos pero con efectividad). En algunos casos, se ha detectado que los incentivos para recetar medicamentos los están generando los propios laboratorios farmacéuticos, a través de beneficios personales que otorgan a los médicos que los ordenan (viajes, asistencia a congresos, etc.).

El aumento en la cobertura, que afilió a 39 millones de colombianos al sistema, hizo que el gasto en salud llegara al 8% del PIB: Una cifra muy parecida a lo que gastan los países europeos en salud.

Ver más en: Lo básico de la emergencia social

Algo de historia: antecedentes de la emergencia social

Antes de 1993, el aseguramiento en el sistema de salud colombiano estaba diseñado para lograr la cobertura de la mayor parte de la población trabajadora. Sin embargo, en la práctica solo brindaba protección a cerca del 50% de los trabajadores asalariados, a través de entidades de previsión social y el Seguro Social, con diferentes esquemas de afiliación, cotización, cobertura familiar y beneficios. Como resultado, la cobertura de aseguramiento en salud de la población total era menor del 20%. Las personas que no tenían ningún tipo de aseguramiento y las familias de los trabajadores sin protección parcial eran atendidas por la red pública con problemas de acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de salud .

Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .

Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.

Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.

Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.