Dentro de la tarea de impulsar la visión estratégica del país en los frentes sociales, económicos y ambientales, el DNP está permanentemente generando conocimiento y aportando nuevos insumos al debate académico, político y social del país.Este es un espacio para compartir los resultados de este proceso: preguntas, conclusiones, reflexiones e insumos sobre todos los temas relacionados con las políticas públicas del país.
http://www.dnp.gov.co

Buscar este blog

miércoles, 16 de junio de 2010

Incentivos al capital y empleo

Los incentivos al capital están en el centro del debate. Muchos claman por su eliminación, entre otras cosas, porque los culpan de abaratar 'artificialmente' el precio del capital con respecto al del trabajo, e inducir una menor generación de empleo. Esta es una acusación grave en un país en donde la tasa de desempleo ronda el 12 por ciento, y donde hace casi 15 años no se ha logrado sostener una tasa de desempleo de un dígito.

No hay duda de que el precio del capital se ha abaratado en relación con el precio del trabajo: en lo corrido de la década, el precio del capital ha disminuido 54 por ciento, mientras que el salario mínimo, incluyendo los costos laborales no salariales aumentó 16 por ciento en términos reales.
¿Cuánto empleo se perdió o se dejó de generar por este abaratamiento relativo del precio del capital frente al trabajo? Las estimaciones muestran que la elasticidad de la demanda de trabajo frente al precio relativo del trabajo es baja (alrededor de -0,2). Un cálculo basado en esta elasticidad indicaría que la demanda de trabajo formal habría caído 12 por ciento entre el 2000 y el 2009 por el efecto precio.

Para las 13 principales áreas urbanas se habrían dejado de generar cerca de 370.000 empleos formales. Pero esta medición no tiene en cuenta que el abaratamiento relativo del capital ha impulsado el incremento en la tasa de inversión, y por lo tanto, ha contribuido a la generación de empleo a través de un mayor crecimiento económico vía una mayor intensidad de capital y una mayor productividad. En otras palabras, un cálculo completo debe tener en cuenta no sólo el efecto precio, sino también el efecto ingreso de un menor valor relativo del capital. Las evidencias muestran que el efecto ingreso predomina sobre el efecto precio.

De otro lado, los incentivos no son el factor que más ha explicado el abaratamiento del capital. Sin los incentivos, el precio relativo del capital, en todo caso, se habría rebajado 50 por ciento. El abaratamiento del capital durante la década se debe, en proporciones similares, a la revaluación real y a la reducción en las tasas de interés reales. Ambos han sido el producto de una mayor confianza en la economía colombiana y en una mejoría de los fundamentales macroeconómicos, que se han reflejado en mayores flujos de capital, en la valoración de los activos domésticos y en la reducción de la inflación a niveles históricos.

El factor tributario encareció el costo de uso del capital desde principios de los 90 hasta el 2002, en la medida en que las sucesivas reformas tributarias aumentaban el gravamen sobre los ingresos de capital, incluyendo el impuesto al patrimonio y la sobretasa del impuesto a la renta. Sin embargo, desde la reforma tributaria del 2006, que eliminó la sobretasa y redujo el impuesto a la renta de las empresas, el factor tributario también ha contribuido al abaratamiento del capital.

A diferencia de las exenciones, que por sus requisitos de inversión y empleo están dirigidas a la mediana y gran empresa, la reducción en estos costos tributarios beneficia a todas las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño. El hecho de que el precio del capital se haya abaratado a lo largo de la década por todos los anteriores factores, no significa que el capital sea excesivamente barato en Colombia, sino que era demasiado costoso, especialmente cuando se comparaba con otros países de la región.

Mientras que en América Latina las tasas máximas de renta a las empresas habían bajado en promedio de 35 por ciento en 1992 a 27 por ciento en 2004, en Colombia habían subido de 30 a 38,5 por ciento en el mismo período, incluyendo la sobretasa a la renta de 10 por ciento.
Incluso hoy, el costo tributario en Colombia (sin incluir exenciones) sigue siendo muy alto cuando se compara con otros países de la región: la tasa de impuestos sobre la renta empresarial (33 por ciento) supera a la de Chile (17 por ciento), Brasil (25 por ciento) y México (29 por ciento), y sólo es inferior a las tasas de tributación en Venezuela y Argentina. En el 2009, en el pago de impuestos como porcentaje de los beneficios Colombia ocupó el puesto 171 entre 183 países, aventajando a Argentina (puesto 178), pero siendo superado ampliamente por Chile (24), Perú (86) y México (138), de acuerdo con el Doing Business del Banco Mundial.

La reducción en los costos del capital, a la cual han contribuido las exenciones tributarias, ayudó a aumentar la tasa de inversión en Colombia de 15,7 por ciento como proporción del PIB en el 2000 a 27 por ciento en el 2008, una de las más altas en América Latina. En el 2009, y a pesar de la de-saceleración económica, la tasa de inversión sólo disminuyó un punto porcentual.
El incremento en la tasa de inversión en Colombia ha contribuido a aumentar el crecimiento potencial de la economía, y por lo tanto, ha fortalecido la capacidad para generar empleo, ya que la capacidad de crecer es, en última instancia, el principal determinante de la generación de empleo.

Varios analistas y candidatos presidenciales han propuesto eliminar las exenciones al capital para aumentar el empleo. Como dice el ex ministro Carrasquilla, la propuesta es encarecer el capital para crear empleo. Es una mala idea. Incluso, la sustitución de exenciones tributarias al capital por exenciones a la creación de empleo a través del pago de parafiscales, como lo proponen los ex ministros Cavallo y Botero, puede dejarnos sin el pan y sin el queso: reduciendo la tasa de inversión y no generando puestos de trabajo.

En efecto, usando un modelo de equilibrio general, en el DNP se simuló qué pasaría si se sustituyeran la totalidad de los parafiscales por mayores impuestos a la renta de las empresas (menores exenciones). Los resultados mostraron que en el corto plazo se crearían 334.000 empleos, de ellos, 248.000 no calificados.

En el largo plazo, sin embargo, los resultados son adversos: el crecimiento del PIB cae alrededor de 0,3 puntos porcentuales frente al escenario base, y con dicha caída desaparecen los empleos que habían sido creados. Este resultado se explica, porque al reemplazar los parafiscales por un aumento en los impuestos directos a las empresas (reducción de las exenciones), la tasa impositiva efectiva se incrementa en promedio cerca de 8 puntos porcentuales -lo que es equivalente a incrementar el recaudo del impuesto a la renta en cerca de 3 puntos del PIB-. El fuerte ajuste impositivo sobre el ingreso directo de las empresas tiene un efecto negativo en la inversión.

La tasa de crecimiento de la inversión se reduce en casi 1,5 puntos porcentuales frente al escenario base. Esta caída en la inversión es la que explica la caída en el crecimiento del PIB. El problema que está en la raíz del desempleo en Colombia no son los costos del capital ni las exenciones tributarias. El principal obstáculo para reducir la tasa de desempleo a niveles de un dígito, de manera sostenida (lo que los economistas llaman la tasa natural de desempleo), está en los costos laborales crecientes.

Por un lado, los costos laborales no salariales se han incrementado sustancialmente, principalmente como consecuencia de las mayores contribuciones para seguridad social: mientras que en 1990 éstos no representaban el 53 por ciento del salario, en el 2009 equivalían al 65 por ciento del salario. Esto nos sitúa como uno de los países de la región con mayores costos laborales no salariales.

En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en el 2008 el salario mínimo representaba el 56 por ciento del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37 por ciento y en México el 11 por ciento.
Tarde o temprano, el país deberá repensar la política de salario mínimo, porque tal como está diseñada actualmente, pone por fuera del mercado laboral formal a amplios segmentos de la población con poco capital humano y baja productividad, especialmente jóvenes no calificados y trabajadores rurales, y en cabeceras municipales pequeñas. En esas condiciones, su única posibilidad es el desempleo o la informalidad. El problema real son los costos laborales, no los incentivos al capital.

Juan Mauricio Ramírez
Subdirector General
Artículo publicado en Portafolio

No hay comentarios:

Publicar un comentario