Con el ánimo de debatir la propuesta de crear salarios mínimos diferenciales, vamos a publicar en este blog todas las reacciones de los funcionarios del DNP al tema.
Las personas que trabajan en los temas de regalías suelen tener una sensibilidad especial frente a la problemática de las regiones. Esta es la respuesta de Alexander Duarte, consultor de la Dirección de Regalías en la evaluación de impacto de la inversión de las regalías petroleras en El Yopal, Casanare, a la propuesta de crear salarios mínimos diferenciados por regiones:
Respetado Subdirector General,
Es loable su labor de presentar soluciones frente al empleo, sin embargo resalto que más que la hipótesis aumento de eficiencia diferenciando salarios, no debe ser la prioritaria, puesto que el problema radica en la falta de condiciones del estado en proveer facilidades para el logro de aumentos en la demanda agregada y ello solo se puede alcanzar con la modificación entre consumo, ahorro e inversión y el manejo articulado a los cambios de la modernidad en la balanza comercial. En este orden de ideas, asegurar que al disminuir aún más ingresos en el campo cierta medida, es descabellado, teniendo en cuenta que el campo no lo componen empleadores sino pequeñas unidades productivas que producen a pesar de la exigua inversión en infraestructura básica y la baja capacidad de los productores del campo para asegurar el intercambio justo de sus productos sin intermediarios. Son las condiciones en la inversión las que se deben modificar, además se debe tener presente que la suma de diversas fuerzas laborales son las que componen el diferenciador productivo como el conocimiento, por citar algún autor Robert Solow o Vinner, dichos autores confirman que la productividad es prioritariamente la resultante de la integración entre la inversión en el talento humano y el bienestar social, componentes resultantes en demanda agregada. Agradezco del espacio creado para crear un consenso en nuestros puntos de vista.
viernes, 19 de febrero de 2010
miércoles, 17 de febrero de 2010
Por qué hay que pensar en políticas diferenciadas regionalmente
La diferencia entre las ciudades es grande...
...pero entre los departamentos es peor.
...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente.
...pero entre los departamentos es peor.Y si comparamos el nivel de ingresos de las áreas rurales, con las cabeceras urbanas y las principales ciudades...
...teniendo en cuenta el número de personas con ingresos menores a un salario mínimo...
...es evidente que tenemos que pensar en soluciones de alto impacto diferenciadas regionalmente. Se oyen propuestas.
A problemas no convencionales, respuestas no convencionales
Nadie pondría en duda que las barreras para la generación de empleo formal son el gran cuello de botella de la economía colombiana. En este momento, la tasa de informalidad del país es del 64%. De las trece principales ciudades, Bogotá tiene la tasa más baja con el 52%, pero en Villavicencio, Cúcuta y Montería, es superior al 70%. Si miramos la informalidad por departamentos, la situación es más preocupante: Nariño, Sucre, Caquetá y Chocó tienen tasas superiores al 80% y sólo Bogotá, Caldas, Antioquia y Risaralda están por debajo del 60%.
Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.
Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.
Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.
Para muchas personas, el empleo formal es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y es necesario buscar formas para fomentarlo.
Además, es precisamente el empleo formal el que contribuye y hace sostenible el aseguramiento pensional y de salud de los colombianos, mejorando las condiciopnes de vida de todos.
La formalización laboral va de la mano obviamente de la formalización empresarial. Todos los estudios demuestran que la formalización empresarial incrementa la productividad de las empresas y por ende, abre la posibilidad para que paguen mejores salarios.
Hace unos días, el Director General del DNP lanzó la propuesta de pensar en salarios mínimos diferenciados en una entrevista en El Tiempo. Al día siguiente, salieron dos artículos en Portafolio sobre el tema--uno recogiendo respuestas de diferentes expertos (aquí) y otro entrevistando a Guillermo Alberto González que está en contra de la propuesta (aquí) y un editorial hablando de la propuesta. Marcela Eslava, del grupo de profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también le dedicó un post en su blog de La Silla Vacía. La propuesta--que está en discusión--tiene detractores y defensores, pero sobre todo, a puesto a la gente a pensar en nuevas soluciones para generar empleo y reducir la informalidad.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Una gráfica para pensar
A pesar de las distorsiones que pueden generar las regalías en los departamentos mineros y petroleros y los recursos de SGP en los departamentos pequeños, los resultados de esta comparación suscitan muchas preguntas. Dejamos el gráfico para que piensen sobre el tema. ¿Se necesita un salario mínimo diferenciado regionalmente?
Fuente: DANE y Ministerio de Protección Social
*Datos prelimianres para el 2005 del PIB percápita departamentalCálculos DNP-DEE
lunes, 8 de febrero de 2010
Las dos causas de la emergencia social
UNO:
- El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo - No POS Subsidiado (No POS-S), que hacen parte del Plan del Régimen Contributivo. Dichos servicios están a cargo de las entidades territoriales y se prestan a la población asegurada en el régimen subsidiado. Este gasto se financia con el Sistema General de Participaciones (1,2 billones), un porcentaje de las rentas cedidas (0,8 billones), recursos propios territoriales y otras fuentes no recurrentes como el FAEP (0,18 billones) , ECAT (0,1 billón) y el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud (1 billón). El gráfico 1 muestra la estructura de los regímenes contributivo y subsidiado, y se destaca el componente No POS-S al que se hace referencia.
- Las entidades territoriales contratan estos servicios No POS-S con las instituciones prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas. Sin embargo, las entidades territoriales no han desarrollado mecanismos para identificar y controlar adecuadamente situaciones de: abuso en la demanda de esos servicios, inducción indebida de la demanda, sobredimensionamiento de la oferta, sobrecostos; además, tampoco se conoce la frecuencia de dichos servicios.
- Los departamentos y el Distrito Capital informaron al Gobierno nacional un incremento en la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Subsidiado. Esta situación ha sido reiterada por los gobernadores en distintos escenarios; no obstante, las entidades territoriales no han enviado información precisa que permita constatar el valor real del gasto No POS de sus territorios.
- Algunas cifras:
En 2009, el déficit corriente por prestación de servicios de salud se duplicó frente al de 2008, al pasar de $409.187 millones a un valor estimado de $885.237 millones, cifras que reflejan un crecimiento del 116%.
De acuerdo con la información reportada por Gestarsalud –entidad que agremia a las EPS del régimen subsidiado–, en marzo de 2009, sus entidades asociadas tenían cuentas por cobrar a las entidades territoriales por servicios No POS que ascendían a $3.726 millones y en septiembre del mismo año dichas cuentas alcanzaron un monto de $37.226 millones, lo cual representa un incremento de 899% durante el periodo de marzo a septiembre.
Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a junio de 2009, señala que de una muestra de 115 IPS las cuentas por cobrar a las entidades territoriales sumaban $529.000 millones, de los cuales el 59% presentaba un atraso mayor a 90 días.
DOS:
- El incremento o desbordamiento del gasto en la prestación de los servicios de salud no contenido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo No POS contributivo (No POS), a cargo del FOSYGA. Cabe señalar que en la concepción inicial el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no debía suministrar medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo. El gráfico 2 muestra la estructura de los regímenes y el componente del No POS del régimen contributivo.
- Estos servicios No POS contributivo se han hecho exigibles vía tutela, que parten de la prescripción del médico tratante. Los jueces se han “hecho parte del SGSSS” vía el mecanismo de la tutela, debido a que el acuerdo social de tener un límite no se cumplió, y a que el SGSSS no cuenta con un mecanismo para dirimir cuando se requiere o no prestar un servicio no contenido en el POS-C. En consecuencia, la percepción de la ciudadanía es que el país cuenta con beneficios ilimitados y que se tiene acceso a la última tecnología, sin que se verifique su costo efectividad, y pertinencia en forma técnica-científica.
- Actualmente los servicios No POS contributivo son financiados a través del mecanismo de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) de la cuenta de compensación. Dado que el SGSSS nunca previó la demanda de esos servicios No POS, la actual situación pone en riesgo la sostenibilidad del régimen contributivo.
- Se ha presentado un crecimiento acelerado de la demanda de servicios, en los costos y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, amenazando la sostenibilidad financiera del sistema.
- Algunas cifras:
El número de recobros presentados al FOSYGA por eventos No POS se incrementó en el 239%, al pasar de 835.000 en 2007 a cerca de 2.000.000 en 2009. En términos monetarios, se presentó un incremento del 280%, se pasó de pagar cerca de $626.000 millones en 2007 a $1,85 billones en 2009. Esto amenaza la estabilidad de la cuenta que financia hoy el aseguramiento de los aproximadamente 18 millones de personas afiliadas al régimen contributivo.
Pocas personas se benefician de esos recursos, situación que afecta la equidad del sistema. En efecto, en 2009, 376.000 personas afiliadas al régimen contributivo, obtuvieron beneficios No POS, por un valor aproximado de $1,8 billones, con cargo al FOSYGA ($4,8 millones por persona, en promedio), mientras que el aseguramiento para los cerca de 18 millones de afiliados en este régimen es del orden de los 10 billones de pesos ($550.000 por persona, aproximados).
Algunos ejemplos de estos servicios No POS son las cirugías estéticas, by pass gástrico, tratamientos y medicamentos procedimentales sin evidencia científica, dispositivos excesivamente costosos, como audífonos de $40 millones de pesos que cumplían la misma función de uno de $4 millones, pero que eran más estéticos, e inclusive viajes, implementos de deporte, jugos, pañales, etc.
Cabe señalar que el médico tratante, mediante el acto médico (el diagnóstico, el procedimiento y el tratamiento) induce gasto en el sistema. Por ejemplo, se han encontrado evidencias en las que el médico tratante fórmula medicamentos de “marca” (más costosos), sin tener en cuenta los medicamentos contendidos en los planes de beneficios (genéricos menos costosos pero con efectividad). En algunos casos, se ha detectado que los incentivos para recetar medicamentos los están generando los propios laboratorios farmacéuticos, a través de beneficios personales que otorgan a los médicos que los ordenan (viajes, asistencia a congresos, etc.).
El aumento en la cobertura, que afilió a 39 millones de colombianos al sistema, hizo que el gasto en salud llegara al 8% del PIB: Una cifra muy parecida a lo que gastan los países europeos en salud.
Ver más en: Lo básico de la emergencia social
viernes, 5 de febrero de 2010
Algo de historia: antecedentes de la emergencia social
Antes de 1993, el aseguramiento en el sistema de salud colombiano estaba diseñado para lograr la cobertura de la mayor parte de la población trabajadora. Sin embargo, en la práctica solo brindaba protección a cerca del 50% de los trabajadores asalariados, a través de entidades de previsión social y el Seguro Social, con diferentes esquemas de afiliación, cotización, cobertura familiar y beneficios. Como resultado, la cobertura de aseguramiento en salud de la población total era menor del 20%. Las personas que no tenían ningún tipo de aseguramiento y las familias de los trabajadores sin protección parcial eran atendidas por la red pública con problemas de acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de salud .
Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .
Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.
Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.
Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.
Como resultado de lo anterior se inició una reforma que se materializó en la Ley 100 de 1993, con la aprobación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dicha ley determinó que los ciudadanos deberían estar afiliados al sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado , los cuales tenían planes de beneficios diferentes. Así mismo, estableció que el SGSSS debía crear las condiciones para que todos los habitantes del territorio nacional en el año 2001, tuvieran acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) y para que en forma progresiva se unificaran los planes de salud de los dos regímenes .
Las metas previstas en la mencionada ley –de igualación de coberturas y planes de beneficios, de ingresos y gastos del sistema–, se estimaron sobre supuestos de crecimiento de la economía y de capacidad del mercado laboral que no se cumplieron (PIB, empleo, salario real) . Se esperaba que cerca del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo, y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de cerca 40% régimen contributivo y 60% régimen subsidiado.
Así, la crisis de finales de los años noventa, el posterior aumento del desempleo y de la informalidad a niveles cercanos al 60%, unido a la falta de controles efectivos sobre la evasión y elusión, las fallas de regulación en aspectos relacionados con la operación y comportamiento de los agentes del sistema de salud; así como las debilidades del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, imposibilitaron cumplir las metas previstas. Esta situación generó una presión sobre el financiamiento del sistema, en especial sobre la subcuenta de compensación del FOSYGA, que administra el régimen contributivo, que contaría con menos contribuyentes. Por lo tanto, el financiamiento de los servicios de salud de la población no afiliada al régimen contributivo recae sobre las finanzas públicas tanto del orden nacional como del orden territorial.
Al respecto, el Gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos fiscales para garantizar el derecho a la salud de la población a través del régimen subsidiado. Así, con una inversión de cerca de 3,1 billones de pesos anuales, se han financiado 11,5 millones de afiliados adicionales al régimen subsidiado respecto a la meta prevista para el año 2001 . Actualmente ha financiado 23,8 millones de cupos, aunque la meta es contar con 24,5 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado.
jueves, 4 de febrero de 2010
Crisis y empleo en perspectiva
El principal logro económico del país en 2009 fue consolidar su capacidad de respuesta a las crisis y contener sus impactos. Este avance es trascendental para garantizar la sostenibilidad de los logros sociales en el futuro.
Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra historia económica. Por primera vez enfrentamos un “choque” externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social. Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej. la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como “Familias en Acción”); al avance en el “estado del arte” en política económica (ej. una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país. El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos) y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.
Por ello, a pesar de sufrir un segundo “choque” por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a “consentidos” del mercado como Brasil y Chile y al 75% de las 57 principales economías del mundo a las que hace seguimiento The Economist. Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2% y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda y a una crisis financiera que costó 6,5% del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público. Como consecuencia, el país perdió 6 años de progreso social y solo hasta 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta crisis, se perderá solo un año en materia de ingreso por habitante.
Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El año pasado no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desocupados en el país entre diciembre de 2008 y 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registra un crecimiento promedio de los desempleados del 58% en septiembre 2008-2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11%, según la OECD. En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en aumento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú, de acuerdo con la OIT. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, de acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65%—de 9,8% a 16,3% según la metodología de la época—y el número de desempleados aumentó aproximadamente en ¡un millón trescientas mil personas! En cambio, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7%, y el número de desocupados en 452.000 personas (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace 10 años, de la que apenas veníamos saliendo cuando se desencadenó la última crisis.
Tasa de Desempleo Nacional en Colombia: 1997-2000 vs. 2007-2009 (%)
Fuente: DANE
Nota: Los cambios metodológicos ocurridos entre estas fechas, si bien dificultan un empalme preciso, no invalidan las tendencias.
Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su recuperación normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta 2001, borrando los avances sociales de años. De hecho, y aunque entre 2002 y 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los años noventa.
Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente. Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56% en Colombia contra 37% en Brasil y 11% en México) y elevados costos laborales no salariales. En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.
Cerrar esta brecha no es fácil y este gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre 2002 y 2010 esté aumentó un 9% en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el aumento en dólares fue del 73%). Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para MiPYMEs nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad. De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre 2002 y 2007 entre las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela (OIT).
Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones y niveles de calificación de los trabajadores. Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector) y de hecho se aplicó por muchos años en Colombia (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en Colombia se estima en un 50%. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35% del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120% aproximadamente. La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.
Colombia tiene ahora los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten incluso después de que las crisis amainan.
(Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2010)
Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra historia económica. Por primera vez enfrentamos un “choque” externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social. Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej. la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como “Familias en Acción”); al avance en el “estado del arte” en política económica (ej. una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país. El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos) y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.
Por ello, a pesar de sufrir un segundo “choque” por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a “consentidos” del mercado como Brasil y Chile y al 75% de las 57 principales economías del mundo a las que hace seguimiento The Economist. Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2% y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda y a una crisis financiera que costó 6,5% del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público. Como consecuencia, el país perdió 6 años de progreso social y solo hasta 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta crisis, se perderá solo un año en materia de ingreso por habitante.
Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El año pasado no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desocupados en el país entre diciembre de 2008 y 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registra un crecimiento promedio de los desempleados del 58% en septiembre 2008-2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11%, según la OECD. En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en aumento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú, de acuerdo con la OIT. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva. Entre septiembre de 1997 y septiembre de 1999, de acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65%—de 9,8% a 16,3% según la metodología de la época—y el número de desempleados aumentó aproximadamente en ¡un millón trescientas mil personas! En cambio, entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7%, y el número de desocupados en 452.000 personas (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace 10 años, de la que apenas veníamos saliendo cuando se desencadenó la última crisis.
Tasa de Desempleo Nacional en Colombia: 1997-2000 vs. 2007-2009 (%)
Fuente: DANE
Nota: Los cambios metodológicos ocurridos entre estas fechas, si bien dificultan un empalme preciso, no invalidan las tendencias.
Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su recuperación normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta 2001, borrando los avances sociales de años. De hecho, y aunque entre 2002 y 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los años noventa.
Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente. Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56% en Colombia contra 37% en Brasil y 11% en México) y elevados costos laborales no salariales. En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.
Cerrar esta brecha no es fácil y este gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre 2002 y 2010 esté aumentó un 9% en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el aumento en dólares fue del 73%). Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para MiPYMEs nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad. De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre 2002 y 2007 entre las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela (OIT).
Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones y niveles de calificación de los trabajadores. Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector) y de hecho se aplicó por muchos años en Colombia (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en Colombia se estima en un 50%. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35% del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120% aproximadamente. La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.
Colombia tiene ahora los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten incluso después de que las crisis amainan.
(Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2010)
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