¿Funcionaría un mínimo regional?

El periódico El Colombiano publicó dos perspectivas sobre la posibilidad de crear salarios mínimos diferenciados. La primera, del Subdirector General del DNP, Juan Mauricio Ramírez, apoya la propuesta basándose en las diferencias en productividad y la incidencia de la informalidad en ciertas regiones. La segunda, de Hugo López, director del Banco de la República, regional Medellín, no desestima del todo la propuesta, pero afirma que sería imposible de administrar. Puede consultar los artículos aquí.

Empleo formal: clave para superar la pobreza (Juan Mauricio Ramírez)

En la actualidad, el gran obstáculo, el cuello de botella de la economía colombiana, es el problema de la informalidad, porque ésta afecta la calidad del trabajo, la productividad de las empresas, incrementa la pobreza y reduce la contribución a salud y pensiones y, por ende, hace inviable la sostenibilidad de estos dos sistemas de aseguramiento.
La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades del país es hoy del 58 por ciento, pero en las zonas rurales es del 75 por ciento. De esta realidad es que surge la propuesta de un salario diferencial.
El problema es que hay grandes diferencias en la productividad entre las 13 principales ciudades y el resto del país. De hecho, hay dos historias distintas. En las 13 ciudades principales ha ido bajando la pobreza, que actualmente es del 30 por ciento, mientras el resto de las cabeceras tiene una tasa del 52 por ciento y el área rural está por encima del 70 por ciento.
Lo que hemos calculado es que la productividad rural es más o menos el 50 por ciento de la productividad urbana y les doy un dato nuevo, pero que es importante para entender todo. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza, es decir, cuál es el costo de la canasta para que una persona sea considerada no pobre? En las cabeceras municipales ese valor es de 293.00 pesos. Si fuera una familia de tres o cuatro miembros, el valor para no ser pobre es de un millón 160 mil pesos al mes. La familia que está por debajo de este valor es considerada como pobre.
Lo realmente importante es que mientras el valor de la canasta per cápita en las 13 principales ciudades es de 302 mil pesos, el valor de la canasta per cápita en las zonas rurales es de 195 mil pesos.
En otras palabras, el valor de la canasta per cápita para ser considerado no pobre en las zonas rurales es el 44 por ciento del valor de la canasta para ser considerado no pobre en las grandes ciudades.
Dada esa diferencia, la pregunta entonces es ¿cómo vamos a tener un mismo salario para todo el mundo? El problema es que con el salario mínimo que tenemos es virtualmente imposible que se genere un empleo formal en Simití o en Chigorodó o en Pamplona. Primero, porque el salario mínimo como porcentaje del PIB per cápita del país, en el caso colombiano es el 56 por ciento, se le tiene que sumar el 50 por ciento adicional por los costos de los parafiscales.
El empleador que contrate hoy a un trabajador con salario mínimo le termina pagando al final, incluidos los costos laborales, cerca de 900 mil pesos mensuales.
Así las cosas, la diferencia entre el costo de la canasta per cápita en las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales y el salario mínimo debería reflejar esas diferencias, cosa que no pasa porque tenemos un salario mínimo igual en todo el país y eso hay que enfrentarlo con salarios diferenciales. La única posibilidad de que una persona salga de la pobreza o de que una empresa sea más productividad es con empleo formal.

Ese esquema no lo administra nadie (Hugo López)

Existe un salario mínimo nacional, pero en las diferentes ciudades del país también existen tasas de evasión que difieren sustancialmente.
Me refiero a la evasión entre la gente que se debería ganar el mínimo, que son los obreros y empleados asalariados rasos, esto es, los que protege el Código. No hablo de informales.
En las 13 principales ciudades, el dato de evasión, según datos del tercer trimestre de 2009, es decir, lo más reciente, era del 13 por ciento.
Pero lo más dramático es que en ciudades como Pasto era del 48 por ciento. Gente que se ganaba menos de 0,95 salarios mínimos al día, incluyendo el dominical. Esa es la definición. En otras palabras, que no le pagaban lo que realmente debían pagarle por ocho horas por día laborado.
En Montería ese dato es del 30 por ciento, en Ibagué del 25 y en Cúcuta del 25, por citar algunos ejemplos.
Lo más grave es esto: supongamos que quisiéramos que la evasión al jornal diario para los asalariados rasos en todas las ciudades del país fuera la del promedio, es decir, del 13 por ciento.
La pregunta obligada, entonces, sería la de ¿cuánto habría que bajar el salario mínimo en Pasto?
Y la respuesta es igualmente dramática: habría que poner un salario del 47 por ciento del mínimo que actualmente rige, para que la evasión no fuera del 48 por ciento, sino del 13, que es el promedio en las 13 principales ciudades.
Y en Montería, habría que poner un salario del 65 por ciento del actual. En Ibagué, del 60 por ciento.
El asunto, así las cosas, es bien difícil de administrar, porque para rebajarles a menos de la mitad (47 por ciento) el salario mínimo a los asalariados rasos en Pasto, eso políticamente no es manejable y no veo quién se le pueda medir a eso.
En síntesis, mi opinión es que a uno le debería dar ganas de apoyar la propuesta de Planeación Nacional, pero cuando observa lo que se tendría que hacer para administrar el asunto se le quitan las ganas de hacerlo.
En cambio, me atrevería a decir lo siguiente: repensemos el salario mínimo, porque éste no está ayudando ni a los pobres y está siendo objeto de una evasión muy grande en algunas ciudades.