Tarde o temprano el país está abocado a repensar la política de salario mínimo y de otras regulaciones sobre el mercado laboral si queremos llegar a tener una tasa de desempleo de un dígito y a reducir sustancialmente la informalidad.
En 1983 se tomó la decisión de unificar el salario mínimo urbano y rural con el fin de “cerrar la brecha de ingresos entre el campo y la ciudad”. Como suele suceder con políticas bien intencionadas pero mal diseñadas, el resultado fue ampliar las brechas en lugar de cerrarlas. La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades es del 58%, mientras que en las áreas rurales es del 75%. Mientras que en las 13 principales ciudades el 30% de los asalariados ganan menos de un salario mínimo, dicha proporción es del 70% en el sector rural (sin cabeceras).
No es un problema de hacer cumplir el salario mínimo (que también lo hay). Es un problema de diferencias de productividad entre el sector urbano y el sector rural. Sólo cerrando esa brecha de productividad se puede llegar a cerrar la brecha de ingresos rural-urbana. Pero imponer un salario mínimo igual cuando la productividad rural está 50% por debajo de la productividad urbana, es generalizar la informalidad en el campo como en efecto ocurre.
Además, existen diferencias grandes en el valor de la canasta de consumo entre ciudades grandes y áreas rurales, que de por sí justifican la existencia de salarios mínimos diferenciales. Sólo en el precio de los alimentos, las diferencias pueden ser hasta del 15%.
Una forma de ver qué tanto el salario mínimo castiga a los trabajadores de menor productividad es comparándolo con el salario promedio. En la medida en que el salario mínimo esté más cerca de este último es más posible que los que tienen una productividad por debajo de la productividad promedio tengan dificultades consiguiendo un empleo formal.
Mientras que el salario promedio en las 13 principales ciudades es casi dos veces el salario mínimo, en el resto de cabeceras urbanas es 1,5 veces. En el sector rural el salario promedio es igual al salario mínimo. No es de extrañar por lo tanto la generalización de la informalidad en el campo, y los problemas de informalidad y desempleo en las ciudades.
Pero las brechas de productividad no solamente existen entre el campo y la ciudad, sino también entre actividades económicas: la productividad por trabajador en el sector financiero es 1.6 veces mayor a la productividad en el sector comercio. Y las brechas de productividad también son significativas entre los jóvenes recién egresados de educación secundaria y sin experiencia, frente a trabajadores incluso no calificados pero con varios años de experiencia laboral.
Estas diferencias de productividad explican por qué muchos países tienen salarios mínimos que diferencian entre áreas (rural-urbana), entre actividades económicas, o contemplan salarios mínimos diferenciales para jóvenes. En la región, países como Chile, México, Panamá, o Uruguay tienen salarios mínimos diferenciales.
También se puede diseñar un salario diferencial para jóvenes con algún mecanismo de ajuste en la medida en que el trabajador gana experiencia. En Irlanda, por ejemplo, los menores de 18 reciben el 70% del salario mínimo, después del primer año de trabajo el 80%, en el segundo año el 90%, y después de tres años de experiencia el 100%.
En Colombia la imposición de un salario mínimo único agrava el problema de exclusión de los trabajadores de menor productividad y calificación por dos razones adicionales:
En primer lugar, los costos laborales no salariales (parafiscales y contribuciones a las seguridad social) incrementan el costo salarial en 54%, una de las tasas más altas en la región. En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en 2008 el salario mínimo representaba el 56% del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37% y en México el 11%.
En estas condiciones, es todavía más urgente la consideración de salarios mínimos diferenciales como la única manera, a corto plazo, de abrir la posibilidad de un empleo formal a los trabajadores de menor productividad. Y está visto que la obtención de un empleo formal es, muchas veces, el único camino hacia la superación de la pobreza para millones de personas.
Tabla 1. Criterios de diferenciación del salario mínimo legal
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009) y Arango et. al. (2007)
Gráfico 1. Salario Mínimo como proporción del PIB per cápita: 2008 (%)
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009)
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