¿Salario mínimo diferencial?

Tarde o temprano el país está abocado a repensar la política de salario mínimo y de otras regulaciones sobre el mercado laboral si queremos llegar a tener una tasa de desempleo de un dígito y a reducir sustancialmente la informalidad.

En 1983 se tomó la decisión de unificar el salario mínimo urbano y rural con el fin de “cerrar la brecha de ingresos entre el campo y la ciudad”. Como suele suceder con políticas bien intencionadas pero mal diseñadas, el resultado fue ampliar las brechas en lugar de cerrarlas. La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades es del 58%, mientras que en las áreas rurales es del 75%. Mientras que en las 13 principales ciudades el 30% de los asalariados ganan menos de un salario mínimo, dicha proporción es del 70% en el sector rural (sin cabeceras).

No es un problema de hacer cumplir el salario mínimo (que también lo hay). Es un problema de diferencias de productividad entre el sector urbano y el sector rural. Sólo cerrando esa brecha de productividad se puede llegar a cerrar la brecha de ingresos rural-urbana. Pero imponer un salario mínimo igual cuando la productividad rural está 50% por debajo de la productividad urbana, es generalizar la informalidad en el campo como en efecto ocurre.

Además, existen diferencias grandes en el valor de la canasta de consumo entre ciudades grandes y áreas rurales, que de por sí justifican la existencia de salarios mínimos diferenciales. Sólo en el precio de los alimentos, las diferencias pueden ser hasta del 15%.

Una forma de ver qué tanto el salario mínimo castiga a los trabajadores de menor productividad es comparándolo con el salario promedio. En la medida en que el salario mínimo esté más cerca de este último es más posible que los que tienen una productividad por debajo de la productividad promedio tengan dificultades consiguiendo un empleo formal.

Mientras que el salario promedio en las 13 principales ciudades es casi dos veces el salario mínimo, en el resto de cabeceras urbanas es 1,5 veces. En el sector rural el salario promedio es igual al salario mínimo. No es de extrañar por lo tanto la generalización de la informalidad en el campo, y los problemas de informalidad y desempleo en las ciudades.

Pero las brechas de productividad no solamente existen entre el campo y la ciudad, sino también entre actividades económicas: la productividad por trabajador en el sector financiero es 1.6 veces mayor a la productividad en el sector comercio. Y las brechas de productividad también son significativas entre los jóvenes recién egresados de educación secundaria y sin experiencia, frente a trabajadores incluso no calificados pero con varios años de experiencia laboral.

Estas diferencias de productividad explican por qué muchos países tienen salarios mínimos que diferencian entre áreas (rural-urbana), entre actividades económicas, o contemplan salarios mínimos diferenciales para jóvenes. En la región, países como Chile, México, Panamá, o Uruguay tienen salarios mínimos diferenciales.

También se puede diseñar un salario diferencial para jóvenes con algún mecanismo de ajuste en la medida en que el trabajador gana experiencia. En Irlanda, por ejemplo, los menores de 18 reciben el 70% del salario mínimo, después del primer año de trabajo el 80%, en el segundo año el 90%, y después de tres años de experiencia el 100%.

En Colombia la imposición de un salario mínimo único agrava el problema de exclusión de los trabajadores de menor productividad y calificación por dos razones adicionales:
En primer lugar, los costos laborales no salariales (parafiscales y contribuciones a las seguridad social) incrementan el costo salarial en 54%, una de las tasas más altas en la región. En segundo lugar, Colombia, junto con Argentina, tiene el mayor salario mínimo como proporción del PIB per cápita: en 2008 el salario mínimo representaba el 56% del PIB per cápita, mientras que en Brasil era el 37% y en México el 11%.

En estas condiciones, es todavía más urgente la consideración de salarios mínimos diferenciales como la única manera, a corto plazo, de abrir la posibilidad de un empleo formal a los trabajadores de menor productividad. Y está visto que la obtención de un empleo formal es, muchas veces, el único camino hacia la superación de la pobreza para millones de personas.

Tabla 1. Criterios de diferenciación del salario mínimo legal

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009) y Arango et. al. (2007)

Gráfico 1. Salario Mínimo como proporción del PIB per cápita: 2008 (%)

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009)

Ruta del Sol II: Mejoras en tiempos y costos

Este megaproyecto va a significar grandes ahorros y beneficios económicos para el país. En primera instancia, las mejoras en la infraestructura vial tienen un impacto directo en la reducción de los Costos de Operación Vehicular (VOC, por sus siglas en inglés), que comprenden, entre otros, el consumo de combustibles y lubricantes y el desgaste de neumáticos. Esto se ve reflejado directamente en la disminución de los costos de comercio exterior.

El análisis de VOC para Colombia evidencia que si se cambia el estado de una vía de malo a bueno, éstos pueden reducirse hasta en un 19% por kilómetro para un tracto-camión y si se realizan mejoras en la geometría del corredor, las reducciones son de aproximadamente 44% por kilómetro.

Según estas estimaciones, los cálculos preliminares del DNP sugieren que las mejoras que la Ruta del Sol contempla, en las que se llevaría su pavimento a niveles operacionales óptimos, se lograrían reducciones de al menos 5.3% en los VOC, lo que representaría hasta un 4% de ahorros en los costos de movilización de bienes en este corredor.

Esta reducción puede llegar a representar un ahorro del 1,5% en el costo total de distribución física internacional para un proceso de exportación e importación, algo significativo dado que los costos de transporte terrestre en Colombia representan un porcentaje importante de los costos de comercio exterior.

Si se toma como referencia el valor del comercio exterior para 2008, una reducción del 1.5% podría significar utilidades adicionales para el país de cerca de USD 1.149 millones. El esfuerzo detrás de la estructuración de la Ruta del Sol evidencia la importancia que le ha dado el Gobierno Nacional al fortalecimiento de la infraestructura, en particular a la consolidación de los corredores de comercio exterior para aumentar la competitividad del país.

La Ruta del Sol forma parte de una estrategia integral en este frente, al igual que las vías contempladas en el Programa Estratégico de Autopistas - PROESA y en el proyecto Desarrollo Vial del Sur. Con la ejecución de estos proyectos, que contempla una inversión pública cercana a los 10 billones de pesos, se pasará de aproximadamente 1.000 Km. al finalizar el 2009, a 3.400 Km. de doble calzada. El DNP estima que la inversión pública en infraestructura llegará a ser aproximadamente el 1,1 % del PIB en 2013, indicador importante si se parte de la base de que en 2004 esta cifra fue del 0,4% del PIB. Así mismo, se debe considerar que la inversión pública estará acompañada con la del sector privado, cuyos aportes en las concesiones viales, se apalancarán con los ingresos por cobro de peajes.

La consolidación de estos corredores de comercio exterior se complementará con el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en los principales terminales del país, la reactivación de los ferrocarriles -principalmente para el transporte de carga-, la recuperación de la navegabilidad fluvial en los principales ríos, la expansión y optimización de la infraestructura portuaria del país y la implementación de la Política Nacional Logística, liderada por el DNP, en la que Colombia ha tenido avances importantes frente a los demás países latinoamericanos. En consecuencia, contar con una infraestructura de transporte con mayores niveles de cobertura, con capacidad de soportar los crecientes flujos de comercio eficientemente, y que dé cuenta de las difíciles condiciones geográficas del país, le permitirá al país avanzar en su camino hacia una inserción exitosa en el mercado global.

El exitoso proceso de estructuración del proyecto de la Ruta del Sol, evidencia la posibilidad de abordar la promoción de la competitividad del país desde una perspectiva diferente: se trata de una responsabilidad conjunta y complementaria de los sectores público y privado. El primero se debe constituir como el ente que genera las condiciones y los escenarios de asociación público-privada que sean atractivos para los inversionistas. El segundo, por su parte, está llamado a participar como un socio activo en el desarrollo de las iniciativas y programas gubernamentales, a comprometerse con la optimización en el uso y la prestación eficiente de los servicios asociados a la infraestructura de transporte, y a actuar de forma eficiente y comprometida en la apuesta de país de ser competitivo en el escenario de la globalización.

Ruta del Sol I: para mejorar la competitividad

El viernes próximo se adjudicará la licitación de la "Autopista Ruta del Sol", uno de los megaproyectos viales más importantes del país, por la magnitud de sus obras civiles, por su impacto en la competitividad del país, y sobre todo, porque es un modelo para la definición de futuras concesiones.

En su estructuración se fortaleció la participación de inversionistas institucionales y financistas locales e internacionales y se mejoró la eficiencia de los procesos licitatorios.

La clave para lograrlo fue la coordinación interinstitucional. El Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acompañaron activamente al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones en este proceso, que además contó con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional.

La confianza en la estructuración del proyecto se evidenció con la concurrida respuesta de los ofertantes: cinco grupos compuesto por 22 empresas de cinco países.

El proceso de estructuración tomó cerca de año y medio y el resultado final fue una licitación innovadora en la que los interesados podían ofertar por cualquiera de los tres tramos viales que conforman el proyecto, como en efecto sucedió, y en el que la respuesta del sector privado, aún en tiempos económicos difíciles, fue satisfactoria.

Vivir del cuento: potencial de las industrias culturales

¿Por qué las industrias culturales?
En la película “El Tercer Hombre” (1949), uno de los protagonistas, interpretado por el legendario Orson Welles, pronuncia una frase (acuñada por el propio Welles) que hoy ya es legendaria entre los cinéfilos: “En Italia, durante treinta años bajo los Borgia, hubo guerras, terror y muerte, pero produjeron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, han vivido en amor fraternal, paz y democracia por 500 años – y ¿qué produjeron? El reloj cucú”.

Para un colombiano no es difícil identificarse con esta frase. Nuestro país, por su diversidad étnica, su accidentada geografía (que facilitó el surgimiento de una gran variedad de manifestaciones culturales regionales diferentes) y, por qué no, por su convulsionada historia, es una potencia cultural en ciernes. En menos de medio siglo produjimos a Gabo, a Botero y a Shakira, por no mencionar a tantos otros creadores y artistas de talla internacional, entre ellos muchos que permanecen en el relativo desconocimiento como los bailarines caleños, eternos campeones de los mundiales de baile en salsa, tango y el género que les toquen. Hace una veintena de años éramos importadores de telenovelas, música y películas mexicanas, argentinas y venezolanas. Hoy somos uno de solo cuatro países latinoamericanos exportadores netos de bienes culturales.

Y todo esto a pesar de que desde el estado y la sociedad colombianas hemos enfocado la cultura primordialmente como una actividad meritoria de dádivas privadas y públicas (como sin duda lo es), y no, también, como un dínamo potencial de desarrollo. Con contadas excepciones, la imagen que solemos hacernos de quienes se dedican a componer canciones, escribir libros, pintar cuadros, realizar películas, dirigir un grupo de danza o montar una obra de teatro es la de personas ricas en inspiración y sensibilidad, pero con una escasa probabilidad de ganarse la vida con su talento y, mucho menos, de generar con ellas ingresos y empleos estables para sus conciudadanos.

Sin embargo, las actividades basadas en la creatividad se han ido convirtiendo en uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. En las últimas tres décadas, las industrias culturales y creativas han incrementado de manera exponencial su contribución al crecimiento económico y a la generación de empleo, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Se calcula que en la actualidad este sector representa alrededor del 7 por ciento de la producción económica mundial y la Unctad proyecta un crecimiento promedio anual de 10 por ciento para este ramo en los años venideros. Su potencial económico es claro en materia de generación de empleos dignos, “verdes” y que no requieren el acompañamiento de grandes recursos de capital, pero no menos evidentes son sus “externalidades” positivas en materia de cohesión social, potencialización de grupos marginados y enriquecimiento espiritual.

Pero para que nuestra riqueza cultural se convierta en una fuente de empleo y prosperidad para más colombianos, se requiere de acciones ambiciosas en diversos frentes. Uno de ellos es, por supuesto, la protección de los derechos de autor. Pero también se necesita brindarle a los creadores y emprendedores culturales una serie de apoyos, que van desde una mejor formación profesional y técnica, hasta el desarrollo de mecanismos apropiados de financiación (porque no pensar en un fondo de inversión en empresas creativas con capital semilla y asesoría de personas como Juanes, Sofía Vergara y Martha Senn) y la generación de más espacios y canales para la distribución, la exhibición y el intercambio de productos y servicios culturales.

La idea es generar las condiciones para dinamizar el trabajo creativo, convertir al sector cultural en un mayor generador de ingresos, empleo y bienestar y fortalecer su proyección de la imagen e identidad de Colombia en todo el mundo. En el argot popular, se trata de ayudar a que los artistas, escritores, diseñadores, actores, bailarines y cineastas, y quienes hacen posible que las creaciones de todos ellos lleguen al público, puedan vivir de su cuento.

Diferencias sutiles que no lo son tanto: cifras de pobreza y presupuesto de defensa

En los últimos meses ha habido varias confusiones entre columnistas, periodistas y líderes de opinión sobre las cifras de pobreza y la inversión en el sector defensa. Parecen sutiles, pero no lo son tanto. Una diferencia de 0,5% en este tipo de datos corresponde a cientos de miles de personas o a miles de millones de pesos.

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Claramente, las preocupaciones sobre el aumento de la brecha urbano-rural en términos de pobreza, y entre diferentes ciudades, es compartida por el Gobierno nacional y es un tema prioritario en la definición de políticas públicas pertinentes y adaptables a las particularidades de cada región. De ahí que la importancia de haber podido disponer de nuevas cifras luego de un período de incertidumbre en torno a la evolución de los indicadores, radica en posibilitar los ajustes de política requeridos, labor que el Gobierno se ha dispuesto adelantar. Sin embargo, me permito hacer una precisión sobre las cifras a las que hace referencia.

Si bien es cierto que según los datos de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad- MESEP en el 2008 la pobreza rural alcanzó el 65,2% de la población y la indigencia un 32,6%, el porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza en las zonas urbanas es del 39,8%, con un 13,1% por debajo de la línea de indigencia. La pobreza total nacional es de 46%.

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De acuerdo con la metodología vigente para el cálculo del gasto en defensa y seguridad, elaborada por el Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional de Planeación, el presupuesto destinado a todo el sector defensa representó en el 2008 4,6% del PIB y el 15% del Presupuesto General de la Nación. Del total, el 20% corresponde a inversión y el 80% restante a funcionamiento.

El total del gasto del sector incluye todos los gastos de las entidades que efectivamente participan en funciones de defensa y seguridad nacional. De estas entidades podemos mencionar el Ministerio de Defensa Nacional –Gestión General-, el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional – Gestión General – y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, del sector central, y la Caja de Retiro de las FFMM, la Agencia Logística de las FFMM, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, el Fondo Rotatorio de la Policía, el Hospital Militar Central, el DAS –Gestión General- y el Fondo Rotatorio del DAS, del sector descentralizado.

¿Qué no es el Sisbén?

En muchas ocasiones, para explicar algo es mejor arrancar diciendo lo que no es. Ese es el caso del Sisbén. Contrario a lo que piensa mucha gente, el Sisbén no es lo mismo que la estratificación socioeconómica de la población, no es lo mismo que Régimen Subsidiado en Salud y no es una política o un programa de transferencia de rentas.

El Sisbén es un sistema de información que sirve para identificar qué hogares son potenciales beneficiarios de los diferentes programas sociales del Estado. Provee información sobre las condiciones de estos hogares para que las entidades nacionales y regionales que ejecutan programas para superar la pobreza puedan seleccionar enfocándose en los hogares más pobres y vulnerables. Actualmente, más de 31 programas nacionales utilizan el sistema para que sus beneficios lleguen a quiénes realmente los necesitan.

Como el Régimen Subsidiado es uno de los principales usuarios del Sisbén, se ha generalizado la costumbre equivocada de referirse a uno u a otro indistintamente. La aclaración no sobra: el Sisbén es la herramienta que se usa para identificar los potenciales beneficiarios de estos subsidios en salud, mientras el Régimen Subsidiado es el conjunto de normas que definen un tipo particular de afiliación, la de aquellos que reciben un subsidio para acceder al plan de salud.